Presidencia indecisa sobre veto a ley que reactiva pesca de arrastre

El Poder Ejecutivo aún no ha tomado una decisión sobre un posible veto al expediente 21.478 que revive la pesca de arrastre en el país y que este jueves recibió el aval definitivo en la Asamblea Legislativa. El ministro de Comunicación, Agustín Castro, señaló que analizarán el texto una vez que les sea entregado.

"La ley aún no ha llegado al Poder Ejecutivo. Hay un proceso natural de envío de leyes y demás, y en el momento en el que llegue se procederá a hacer el análisis sobre sus contenidos y hacer las evaluaciones pertinentes", manifestó el jerarca.

Castro añadió que están conscientes de que se trata de un tema con posiciones contrastadas, pero que "no hay una decisión predeterminada con respecto a esa ley ni a ninguna".

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Una vez que la Asamblea Legislativa aprueba en segundo debate una ley, esta debe ser enviada al Poder Ejecutivo para que reciba la firma del mandatario; sin embargo, este tiene la potestad de vetarla y evitar que entre a regir.

Desde su aprobación este jueves en el plenario, el presidente de la República, Carlos Alvarado, no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Durante la campaña electoral, cuando el tema de la pesca de arrastre estuvo en discusión, debido a pronunciamientos de la Sala Constitucional, el entonces candidato aseguró que se oponía a esta práctica pesquera.

Exigen el veto

Un total de 117 organizaciones de pescadores artesanales, cámaras turísticas y gobiernos locales pidieron a Alvarado vetar la ley. Así lo manifestaron en una carta abierta publicada este 23 de octubre, en la cual piden esta acción “porque el proyecto de ley recién aprobado no garantizará el desarrollo sostenible democrático en nuestras costas”.

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El efecto del texto aprobado por 28 legisladores no tendría efecto inmediato, sino que requiere de estudios que avalen la actividad.

El propio Ministerio de Ambiente lamentó la aprobación de este proyecto, debido a su poco sustento científico. Aún así, en su declaración, la institución no se refirió a si recomendaría un eventual veto.

Entre los firmantes de la carta, 64 organizaciones de las 117 son parte del sector ambiental. La organización Marviva, por ejemplo, indicó que este proyecto no ayudará a resolver la pobreza de las costas.

“Este proyecto de ley generará inseguridad jurídica, ya que, tal y como lo reiteró la Sala Constitucional en su reciente voto, el eventual otorgamiento de licencias dependerá de que el Incopesca pueda realizar, en el plazo de un año, los estudios científicos pendientes”, dijo el director de la ONG, Jorge Arturo Jiménez.

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