Solís traslada informe del cemento a Procuraduría para que determine si hubo faltas a probidad

El presidente Luis Guillermo Solós trasladó la mañana de este viernes a la Procuraduría de la Ética Pública el informe final de la comisión de la Asamblea Legislativa que investigó los créditos de Sinocem Costa Rica y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA L.R.), con el objetivo de que se determine si cometió faltas al deber de probidad.

El mandatario Luis Guillermo Solís dirigió al procurador Rónald Víquez un documento bajo el número DP-P-002-2018, con sello de recibido a las 7:47 a.m. del 19 de enero y la firma de una funcionaria de Registro y Control de Documentos de apellidos Mills Herrera, en el que hace referencia al documento que recibió el beneplácito de 42 diputados de 48 presentes la noche del pasado jueves en Cuesta de Moras.

"En ese marco y con el fin de que no exista la menor duda de mi absoluta voluntad de rendir cuentas sobre un tema en el cual he rechazado de manera categórica y reiterada haber cometido algún acto ilegal o doloso, mucho agradeceré se sirva de proceder con la instrucción del proceso ya señalada con el cual desde ya me comprometo a facilitar y cooperar en todo lo que se requiera", establece el Presidente.

El expediente número 20.461 acusa a Solís de haber faltado a su deber de probidad al no actuar en igualdad de condiciones con todos los habitantes, por haber incurrido en la imparcialidad por la búsqueda de objetivos propios aprovechándose de la investidura que representa y por haber fallado en su función de velar por el manejo eficaz de los recursos públicos.

Las conclusiones encontradas en el último capítulo del informe indican que la Casa Presidencial y el Consejo de Gobierno instruyeron a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) para que nombrara a Mario Barrenechea -hoy en prisión preventiva- como Gerente General de esa entidad.

También se señala a Zapote de no haber llamado a cuentas o a aplicar sanciones a entonces directivos y funcionarios de esa institución financiera, pese a la existencia de dos resoluciones de la Procuraduría de la Ética en las se recomendaban castigos a Barrenechea y la expresidenta del banco, Paola Mora.

Además se concluye que Juan Carlos Bolaños, empresario apoderado de Sinocem, logró siete visitas a la Casa Presidencial en el marco de gestiones relacionadas a sus negocios con entes del Estado, de las cuales obtuvo beneficios y favorecimientos, según el documento.

Otros puntos del informe indican que el Mandatario presionó al órgano de Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para que emitiera un criterio que sacó a consulta pública las reformas al reglamento para la comercialización del cemento en el país; así como presionó a la Dirección General de Aduanas a través del exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, para que se facilitara el desalmacenaje y la nacionalización de las mercancías del producto utilizado para la construcción.

A Solís también se le solicita la destitución inmediata del director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, por permitir que Bolaños se reuniera en la Casa Presidencial y con el Presidente a pesar de la existencia de un perfil que advertía de la peligrosidad del empresario.

Todas las afirmaciones fueron desmentidas por un informe aclaratorio que emitió el Gobierno de la República en su sitio web el jueves anterior, horas antes de que se discutiera el de la comisión en el Congreso.

Sin embargo, en apenas horas los integrantes del foro legislativo y sus asesores respondieron a través de un respaldo de cinco páginas y 21 argumentos a las afirmaciones señaladas como falsas por el Poder Ejecutivo.

En la respuesta al descargo de la Presidencia se citó las actas 5, 26, 27 y 90 que se remontan a las comparecencia efectuadas por la comisión entre junio y diciembre, y otros dos oficios de la Procuraduría de la Ética.