Presidente aplaude mediación de la Iglesia entre sindicatos y empresarios por Reforma Laboral
Solís opina que la Iglesia católica debe jugar un rol fundamental en la nueva etapa de reforma social costarricense
25/12/14 | 14:25pm
El anuncio de la mediación de la Iglesia católica entre los sindicatos y los empresarios, tras el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral, cuenta con el visto bueno del presidente de la República Luis Guillermo Solís.
El mandatario no sólo le da la más "absoluta bienvenida" a la intercesión que ofrecieron los obispos este lunes 22 de diciembre, sino que también considera que, como institución, la Iglesia debe jugar un rol fundamental en esta segunda etapa de la reforma social en Costa Rica.
Solís dio su versión del encuentro del pasado lunes con los siete obispos de la Iglesia católica nacional, ante una consulta de AmeliaRueda.com durante la premiación de la última etapa de la Vuelta Ciclística este jueves en la Aurora de Heredia.
Tal y como lo diera a conocer este medio, la cúpula católica se reunirá en la tercer semana de marzo 2015, durante todo un día con los sindicatos y posteriormente con los empresarios para hablar sobre la Ley Procesal Laboral, así como otros temas económicos y sociales pertinentes a la realidad nacional.
Solís aseguró que él no solicitó la mediación de la Iglesia entre los sindicatos y los empresarios, pero aplaude la participación de los obispos para abrir el diálogo social entre dos sectores con posiciones antagónicas tras el levantamiento del veto el pasado viernes 12 de diciembre.
El lunes a las 10:00 a.m. y durante 60 minutos, Solís se reunió con los obispos de Costa Rica, un encuentro que no estaba en la agenda oficial de Casa Presidencial y de la cual no se informó a los medios de comunicación.
El Presidente insistió en que este no fue un encuentro inusual, dado que "periódicamente se reúne con representantes de la Iglesia Católica".
En la reunión se tocaron temas económicos, fiscales y laborales y sobre todo, según Solís, se destacó el papel de la Iglesia Católica como actor social de cara a nuevas reformas en material laboral.
El veto fue impuesto por la expresidenta, Laura Chinchilla (2010-2014), en el 2012 luego de considerar que la Reforma Procesal Laboral imposibilitaba al gobierno para contratar personal temporal durante huelgas en servicios esenciales, y evitaba a los patronos sancionar a aquellos trabajadores que participen en movimientos ilegales.