Presidente de Colombia restituye en su cargo al alcalde de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un economista y exguerrillero de izquierda que fue cesado de su cargo en marzo, fue restituido en su puesto este miércoles por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en cumplimiento a una orden judicial.

Luego de que Santos anunció la firma del decreto de restitución del alcalde de Bogotá, centenas de seguidores de Petro se reunieron en la céntrica plaza de Bolívar para celebrar y acompañarle en su reinstalación en la sede del gobierno local.

Petro, quien caminó junto a la gente, entró al Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía, y fue recibido allí -entre aplausos, vítores y una lluvia de papelillos- por decenas de funcionarios.

Cuando Santos anunció la restitución de Petro dijo que lo hacía en cumplimiento a una decisión adoptada el martes por un tribunal ordinario.

"Las leyes, los jueces, me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente", dijo.

"Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar y a otros no", explicó Santos.

Según la medida del Tribunal Superior de Bogotá, cuando Santos ordenó la destitución de Petro, que fue interpuesta por la Procuraduría, desconoció medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH valoró este miércoles "muy altamente" la restitución de Petro en su cargo y el "cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado" colombiano.

La Procuraduría, un órgano encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia, destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro el 9 de diciembre anterior, tras acusarlo de haber actuado con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a públicas.

Esta transición tuvo dificultades para implementarse y generó la acumulación de basura durante varios días en las calles de Bogotá en diciembre de 2012.

Justamente, este miércoles la estatal Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de la protección de los consumidores, hizo pública una resolución contra el alcalde y nueve personas más por "limitar la libre competencia en (...) el nuevo esquema de recolección de basuras", según el comunicado de prensa de la entidad.

La sanción ordena al alcalde pagar 410 millones de pesos -unos $200 mil- por estas "prácticas violatorias", de acuerdo con la resolución.