Presidente faltó a su deber de probidad, alega comisión del cemento

El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, falló al principio de eficacia, economía y eficiencia al nombrar a los miembros de la junta directiva del Banco de Costa Rica, a quienes se les atribuye anomalías en la aprobación de los créditos por más de $30 millones en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, para la importación de cemento chino.

En torno a la intervención de Casa Presidencial en el caso de la importación de cemento chino, la comisión responsabilizó al Presidente de presionar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para modificar el reglamento relativo al ingreso del cemento, que entonces estaba en manos de un duopolio.

Esas presiones también se extendieron a la Dirección de Aduanas para permitir el desembarco del cemento, con lo cual una vez más el Presidente de la República faltó a su deber de probidad, según la comisión.

Quien aceptó esas presiones en una primera instancia fue el entonces ministro del MEIC Welmer Ramos, hoy candidato a diputado por Acción Ciudadana (PAC).

Según la comisión el Presidente de la República presionó a las autoridades de los ministerios de Economía y Hacienda, específicamente de la Dirección General de Aduanas, para que se permitiera y facilitara el ingreso al país del cemento importado de China por el empresario Juan Carlos Bolaños, a través de su empresa SINOCEM.

De acuerdo con el informe de la comisión legislativa que investigó el caso, Solís habría presionado al Viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y/o al diputado Víctor Hugo Morales Zapata para que estos a la vez ejercieran presión sobre Benito Coghi, entonces director general de Aduanas.

Su intención, de acuerdo con el texto final de la investigación fue facilitar el desalmacenaje y nacionalización del cemento. Para ello fue necesario introducir una reforma al reglamento que permitió que el cemento pudiera ser importado desde China y mantener una vida útil mayor del permitido hasta entonces.

En este caso concreto, en que el beneficiado fue Bolaños y su empresa SINOCEM, los diputados determinaron que el presidente Solís faltó a su deber de probidad al no actuar “en condiciones de igualdad para los habitantes de la República” y al no ajustarse “a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña.”

Además, los legisladores consideraron que la junta directiva del BCR fue instruida desde el Consejo de Gobierno y Casa Presidencial para que se nombrara como gerente general a Mario Barrenechea.

El mandatario "falló al no velar porque la administración de los recursos público se ajustara a los principios de (…) eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente".

Esas fueron las razones que dieron los investigadores para remitir el informe sobre el Presidente a la Procuraduría de la Ética para su valoración. Además, el informe critica el desempeño de la DIS en lo que al resguardo presidencial se refiere, ya que se "le otorgaron numerosas reuniones al empresario sin hacer advertencia alguna".

De allí la solicitud de los diputados a Solís para que destituya “de inmediato” a Mariano Figueres de la DIS. Según los diputados, Figueres incumplió con su deber de cuido del Presidente de la República, al permitirle a Bolaños asistir a una reunión con el mandatario, en Casa Presidencial, el 9 de diciembre de 2015, al que el director de la DIS también asistió.

Figueres fue uno de los 128 comparecientes ante la comisión legislativa el 27 de octubre. Allí llamó faruscas al empresario Juan Carlos Bolaños y culpabilizó de todo lo sucedido en torno al cemento chino importado por SINOCEM al diputado Morales Zapata, de quien dijo era el embajador del empresario cementero.