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Diputados sin posibilidad de apelar informe sobre Solís: Plazos ya corrieron, responde Procuraduría

Órgano procurador negó nuevo espacio para impugnaciones ante solicitud de la Presidencia de la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa se quedó sin la oportunidad de apelar un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) sobre la participación del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) en el escándalo de corrupción denominado como del cemento chino.

Este lunes, la Procuraduría respondió -mediante el oficio 601-AEP-2018- a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo Herrera, a la posibilidad de conceder un nuevo plazo para la presentación de recursos de revocatoria contra la resolución, con el que se pretendía solventar las irregularidades que acontecieron en el procedimiento seguido contra el exmandatario, al frustrarse el único periodo de recepción de impugnaciones porque el documento que debían conocer los legisladores estaba incompleto y debido a ello su entrega no fue posible hasta el 28 de mayo a pesar de que el plazo vencía el 25 días antes.

"La Procuraduría informa en un primer punto que notificó al Directorio de la resolución el día 27 de abril del 2018. El segundo punto que nos aclara la Procuraduría es que los documentos relacionados fueron trasladados en forma completa a la autoridad administrativa aludida, cumpliendo con todas las formalidades establecidas por la legislación vigente para tales efectos; cuando se refiere a autoridad aludida se refiere al Directorio Legislativo vigente para el día 27 de abril, es decir, el Directorio anterior. Tercero, que el plazo establecido por la legislación vigente para interponer los recursos ordinarios administrativos en contra de la resolución de la Procuraduría de la Ética Pública que acuerda el rechazo, el archivo o la desestimación de una denuncia es de tres días hábiles contabilizadas a partir de la comunicación respectiva", manifestó Hidalgo al leer el documento en conferencia de prensa.

Al momento de hacer su conclusión, la parlmanetaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) añadió: "Los plazos corrieron como correspondía".

De esa manera, el órgano procurador rechazó la posibilidad de recibir apelaciones ante el vencimiento del espacio que inicialmente tenía a disposición Cuesta de Moras para presentar los reclamos.

El encargado de recibir el documento fue el expresidente legislativo, Gonzalo Ramírez Zamora, quien dijo el jueves a AmeliaRueda.com que él entregó -en una sesión del Directorio que se realizó el último día de labores de la integración 2014-2018- el informe completo a un ujier para que le sacara copia al tiempo que se instruía a la Dirección Ejecutiva a entregar el pliego a cada uno de los nuevos 57 congresistas.

No obstante, según el director ejecutivo Antonio Ayales Esna, ese documento no estuvo completo por lo que fue imposible repartirlo. Ello requirió que se comunicara a Hidalgo el 17 de mayo sobre la necesidad de solicitar de nuevo el texto a la Procuraduría.

Debido a lo anterior, la Presidencia del Directorio ordenó abrir una investigación interna para determinar quien fue el responsable de que se perdieran dos pliegos del informe sobre el exgobernante Solís.

La acusación que pesaba contra Solís fue planteada por una comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa del cuatrenio pasado.

El foro señaló al expresidente de faltar al deber de probidad (honradez y transparencia) al presionar -según sus propias conclusiones- a través del ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, para que se acelerara el desalmacenaje de cemento traído desde China.

La Procuraduría argumentó, al desestimar la denuncia contra Solís, que no había suficiente prueba para demostrar el interés de este en que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento.

El empresario importador de ese producto, Juan Carlos Bolaños Rojas, actualmente descuenta prisión preventiva investigado por peculado.

También, la forma en que se otorgaron los millonarios créditos para la importación del cemento ha sido objeto de investigación tanto por la comisión legislativa como por el Ministerio Público.

Fotografía de Carolina Bello May.