Procuraduría insta al Congreso a resolver informes sobre diputados relacionados con caso del cemento chino

Acción​Directorio alega no poder iniciar procedimiento por falta de aprobación de una reforma constitucional y reglamentaria

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) instó a la Asamblea Legislativa a conocer y emitir una resolución sobre tres informes que detallan posibles infracciones al deber de probidad de tres diputados relacionados con el caso del cemento chino.

Este lunes, la primera de las entidades dio a conocer mediante un comunicado de prensa que el 13 de abril anterior remitió una acción de recomendación para que el Congreso conozca los documentos AEP-INF-07-2017 del 3 de marzo 2017, AEP-169-2017 del 29 de noviembre 2017 y AEP-INF-004-2018 del 5 de febrero 2018.

Los informes son recomendaciones elaboradas a partir del resultado de investigaciones seguidas contra Víctor Hugo Morales Zapata, independiente y exrepresentante del Partido Acción Ciudadana (PAC); Otto Guevara Guth, del Partido Movimiento Libertario (PML); y Johnny Leiva Badilla, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Los informes de los primeros dos congresistas tienen que ver con la investigación por el presunto tráfico de influencias en favor del importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, mientras que el caso del tercero es por su participación en un vuelo en helicóptero facilitado por el empresario.

"Con base en lo puntualizado y con propósitos meramente preventivos, esta Procuraduría de la Ética Pública emite la presente Acción de Recomendación para instarle, respetuosamente, a que la Asamblea Legislativa se aboque al conocimiento y resolución de los Informes emitidos por esta instancia, conforme lo ordena la legislación vigente, sin incurrir en incorrecciones jurídicas y de procedimiento aquí señaladas", indica el documento firmado por procurador director, Ronald Víquez Solís.

La acción de la Procuraduría fue desencadenada por las comunicaciones sostenidas con el Directorio Legislativo, el cual alega que no puede iniciar un procedimiento hasta que se apruebe una reforma constitucional y reglamentaria que permita establecer sanciones contra los diputados.