Prodhab detuvo investigación sobre caso UPAD ante pesquisas judiciales

La investigación dirigida por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) sobre la actuación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), así como la publicación del decreto que pretendió instaurarla formalmente y darle acceso a "datos confidenciales", quedó suspendida desde el inicio de las pesquisas que realiza la Fiscalía General de la República.

Así lo afirmó la directora de la Agencia, Elizabeth Mora; quien compareció este lunes ante los diputados de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga posibles infracciones legales sobre este caso.

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Mora comentó a los diputados que la Prodhab aplicó el principio de "prejudicialidad" sobre el expediente 028-02-2020, en vista de que ambas gestiones podrían derivar en resultados sancionatorios. "El procedimiento que está establecido en la ley 8968 no es un procedimiento disciplinario-administrativo, sino que es un procedimiento sancionatorio, por lo tanto tuvimos la consideración de que corresponde declarar la prejudicialidad", explicó.

La directora respondió así ante las consultas de la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, quien cuestionó a la Agencia por no proseguir con sus capacidades fiscalizadoras. Según la legisladora, la Prodhab pudo ser más proactiva e incluso pudo avanzar en aspectos más detallados, como el manejo de bases de datos oficiales.

Mora evitó referirse sobre el caso en concreto, pues —si bien la investigación se encuentra suspendida— subrayó que el expediente sigue abierto y podría retomarse.

"La investigación sigue abierta, en el entendido de que hemos declarado la litispendencia (existencia de un litigio o juicio pendiente), pero eso no significa que el expediente ya se cerró. En el momento en que se resuelva en vía penal lo que corresponda, entonces la Agencia continuará con la investigación, un expediente se da por cerrado, cuando se emite una resolución y se agotan los recursos".

La jerarca reiteró que la Prodhab no supo sobre la conformación de la UPAD, ni sobre el decreto que pretendió instaurarla oficialmente (41996-MP-MIDEPLAN) hasta que fue derogado; cuando un asesor legislativo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidió un pronunciamiento por parte de su despacho.

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"Lamentábamos muchísimo que no se nos hubiera consultado a la Agencia sobre la preparación y la redacción de todo el decreto, pero particularmente del artículo número 7, puesto que probablemente ese decreto hubiese tenido una redacción muy distinta o que ni siquiera hubiese existido", subrayó.

Contradicción sobre investigación

Mora además contradijo este lunes al Poder Ejecutivo sobre el origen de la investigación abierta por la entidad. El Poder Ejecutivo informó, el pasado 24 de febrero, que la Prohab inició el procedimiento de oficio "a solicitud del Ejecutivo", algo que rechazó esta tarde la directora.

La jerarca rechazó cualquier presión por parte del Ejecutivo y dijo que la Agencia mantiene total independencia para seguir sus debidos procedimientos.

Mora además aprovechó su audiencia en el Congreso para rechazar las aseveraciones del Colegio de Abogados y de la Defensoría de los Habitantes, entidades que calificaron de "omisa" la actitud de Prodhab en este caso. La jerarca señalo que esto es "absolutamente falso", pues nunca fueron consultados sobre el tema.

No obstante, los diputados de la comisión legislativa afirmaron que el accionar de la Prodhab les pareció tardío e ineficiente, aunque Mora subrayó que su equipo es de apenas 13 personas, por lo que les resulta difícil atender todos los casos que llegan a dicho organismo, con excepción de las denuncias propiamente realizadas ante el organismo. De hecho, dijo que en toda su administración solo se ha abierto una investigación de oficio: la que ahora quedó suspendida.

Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que la directora podría más bien caer en un incumplimiento de deberes al alegar una supuesta litispendencia del caso, pues se trata de un caso que podría incluir infracciones en materia de derechos humanos.

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El caso de la UPAD es investigado por la Asamblea Legislativa; sin embargo, también cuenta con un expediente a nivel judicial (20-005433-0042-PE). La misma busca determinar si se infringió la ley con el trabajo de los asesores de datos en Presidencia o mediante la elaboración y la publicación del decreto que pretendía instaurar al grupo oficialmente.

En la causa figuran el presidente Carlos Alvarado; el exministro de la Presidencia, Víctor Morales; y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto (quienes firmaron el decreto). Además, incluye a los tres exasesores de datos que trabajaron por más de año y medio en Casa Presidencial, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández; al exasesor legal de Presidencia, Luis Salazar (quien redactó el decreto); y a la exjefa de despacho del presidente, Felly Salas.