Proyecto de reforma constitucional pretende universalizar servicio de banda ancha en Costa Rica

Una reforma al artículo 29 de la Constitución Política para declarar la comunicación como derecho constitucional, y de paso, obligar a la universalización del servicio de banda ancha, es lo que pretende el diputado del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza. El proyecto plantea ofrecer internet de altas velocidades a precios asequibles para el grueso de la población costarricense y forzar a las empresas a extender este servicio a cualquier parte del territorio.

Diputado del PAC, Juan Carlos Mendoza.

Por ahora, el proyecto avanza lentamente: ya se dio una segunda lectura pero falta que se empiece a discutir la reforma constitucional, lo cual quedará para los nuevos diputados, que asumirán sus curules el próximo 1 de mayo, explicó Mendoza.

De acuerdo con el vocero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Elberth Durán, resulta complicado referirse a la posibilidad de universalizar la banda ancha a todo el país, puesto que desconoce el proyecto y, en caso de que se apruebe la iniciativa, la responsabilidad de su aplicación dependería tanto de esta empresa estatal como de los proveedores privados.

Elberth Durán, vocero del ICE.

Otro tema pendiente para poner en práctica este plan es el financiamiento. El costo de tener suficiente infraestructura de banda ancha --que permita contar con internet de alta velocidad para un número mayor de usuarios-- representaría una inversión significativa. Es por ello que Mendoza sugiere usar tanto el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) como los recursos del Plan Nacional de Telecomunicaciones, para ayudar a las empresas a costearlo.

Justamente la rentabilidad es otro de los posibles "peros" que encuentran las empresas proveedoras para ejecutar este proyecto. El gerente de Asuntos Corporativos de la empresa Tigo, Norman Chaves, señala que para su empresa el acceso a la infraestructura existente y la coordinación con la competencia serían claves, en caso de extender su servicio de banda ancha hasta los lugares más recónditos del país.

En caso de que esta reforma constitucional se convierta en realidad, Costa Rica se convertiría en el primer país del mundo en universalizar el consumo de banda ancha para todos sus habitantes. Naciones como Finlandia, Suiza, Estonia, Francia y Grecia ya legislaron para generalizar el acceso a internet, pero no necesariamente a altas velocidades. Una vez que este proyecto de reforma constitucional se apruebe, el Congreso tendría seis meses para crear una ley que aplique la modificación, tras las consultas a los sectores involucrados.

Norman Chaves, gerente de asuntos corporativos de Tigo.

Ameliarueda.com intentó también consultar la opinión de otras empresas, como Cable Tica y Telecable, sin embargo, sus gerentes se encontraban en reuniones y no respondieron las consultas.

Actualmente, el servicio de banda ancha solo se brinda a ciertos sectores residenciales, principalmente del gran área metropolitana.