Proyecto para reformar Ley Procesal Laboral podría discutirse por vía rápida, dice Otto Guevara

procedimiento​Cambios a ley estarían listos durante los primeros dos meses del 2015, estima jefe de fracción del Movimiento Libertario

La reforma a la Ley de Código Procesal Laboral podría discutirse por vía rápida si la bancada oficialista logra, al menos, 29 votos, dijo este lunes el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara.

La discusión expedita del proyecto 19.306 -que pretende reformar dicha ley- es posible mediante el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Este artículo permite a la Asamblea Legislativa establecer procedimientos especiales para tramitar proyectos de ley cuya aprobación requiera mayoría absoluta.

La iniciativa fue planteada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

diputado del ml, otto guevara

Guevara indicó este lunes en el programa Nuestra Voz que si el PAC y el Frente Amplio alcanzan el beneplácito de las dos terceras partes del Congreso podrá darse vía rápida a la Reforma Procesal Laboral.

"De ser así, a finales de enero o a inicios de febrero se estaría votando la reforma a la ley a la que se levantó el veto la semana pasada", agregó.

Por solicitud del Presidente Luis Guillermo Solís, los diputados deben establecer una nueva propuesta para regular las huelgas en servicios públicos esenciales, el porcentaje mínimo de trabajadores que podrían decidir ir a huelga y la contratación temporal de empleados en caso de un paro de labores.

El diputado del PAC, Víctor Morales, recordó la mañana de este lunes que el proyecto 19.306 constituye una base para reformar la Ley Procesal Laboral.

"Considero que existe un buen ambiente para que se active el procedimiento que permite el artículo 208 bis", manifestó.

diputado del PAC, víctor morales

El pasado viernes, el mandatario Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Ley de Código Procesal Laboral que la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) impuso en el 2012.

La decisión de Solís fortalece las relaciones del gobierno con los sindicatos, pero lo enfrenta a las cúpulas empresariales, que objetan la reforma procesal laboral.