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Proyecto que eleva edad de retiro y pone techo a pensiones del Poder Judicial recibe primer debate

​Iniciativa propone creación de junta administradora de fondo de pensiones

El proyecto de ley que pone un techo de ¢4 millones a las pensiones de los funcionarios del Poder Judicial superó este lunes su primer debate en Asamblea Legislativa, tras recibir el apoyo de 31 diputados de los 38 presentes en el Plenario.

La iniciativa, votada bajo el número de expediente 19.922, modifica además las edades mínimas para optar por una jubilación, pasando de 60 a 65 años de edad, tanto en hombres como mujeres. A su vez, la reforma cambia de 55 a 60 años para las mujeres que apliquen por una pensión anticipada, y a 62 en el caso de los hombres.

En el caso de las pensiones por servicio también se amplió en cinco años el tiempo de labores en el Poder Judicial, pasando a 35.

"Se fortalece en el tanto se quitan privilegios odiosos que tenían los magistrados y que los hacían llegar a pensiones arriba de los cuatro, cinco, seis, siete y hasta diez millones de colones, mientras que el 80 por ciento de los servidores del Poder Judicial se jubilan con pensiones de 500.000 y 1.300.000", manifestó el diputado Julio Rojas, de Liberación Nacional.

También determina el monto de diez salarios base como el tope de una pensión mensual, lo cual equivale a aproximadamente ¢4 millones.

El texto también establece la creación de una Junta Administradora del Fondo de Pensiones que será vigilado por la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), que será integrada por tres miembros de la Corte Suprema de Justicia y otros tres del colectivo judicial.

La conformación de dicho grupo contrapuso a los verdiblancos y el Frente Amplio con Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, ya que estos dos últimos pretendían que tres de esos integrantes fueran ajenos al Poder Judicial.

El texto acordado contempla el escenario cuatro de las recomendaciones dadas por el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR que además propone que la jubilación será de un 85 por ciento del promedio de los últimos 24 mejores salarios. Actualmente los empleados pueden pensionarse con el 100 por ciento.

Por otra parte, el aporte obrero cambiará de un 11 a un 13 por ciento.

Con estas medidas se pretende resolver los problemas de insolvencia que se estima presentará el fondo de pensiones.

El proyecto de ley tiene sus orígenes en la comisión legislativa que integraron el socialcristiano Johnny Leiva, los libearacionistas Sandra Piszk, Maureen Fallas, Julio Rojas, la libertaria Natalia Díaz, y los oficialista Franklin Corella y Marcela Guerrero, y el frenteamplista Jorge Arguedas.

Las discusiones del texto motivaron una huelga de funcionarios judiciales que se extendió por alrededor de 15 días.