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Puigdemont se entrega a la policía belga​

​Expresidente catalán deberá rendir testimonio

El expresidente Carles Puigdemont y varios de sus exconsejeros se entregaron este domingo ante las autoridades belgas y luego fueron trasladados a la Fiscalía del país donde rendirán una declaración.

Con su entrega inicia ahora un proceso en el cual un juez decidirá el futuro del líder catalán destituido.

El fiscal general belga recibió el viernes cinco órdenes europeas de detención procedentes de España, que afectan a Puigdemont, María Serret Aleu, Antoni Comin Oliveres, Luis Puig Gordi y Clara Ponsati Obiols. Los cinco están en Bélgica desde el pasado lunes.

La justicia española emitió la orden contra ellos por delitos de "rebelión, sedición, malversación y desobediencia a la autoridad".

Según el ministerio belga de Justicia, el proceso de entrega de una persona objeto de una orden europea de busca y captura puede tardar hasta 100 días.

El ministerio publicó un comunicado en el que detalla las diferentes etapas del proceso que, según recuerda, "se lleva a cabo con contactos directos entre las autoridades judiciales".

Cuando el juez de instrucción se haya pronunciado, la Cámara del Consejo, un órgano judicial que se encarga de establecer si hay suficientes indicios contra una persona para llevarla a juicio, debe tomar una decisión sobre la ejecución de la orden europea de detención.

Al final del procedimiento, si alguno de los acusados rechaza la decisión del juez, puede presentar un recurso ante la justicia, que debe resolverse en un plazo de 15 días.

Según la directiva de la UE, la decisión final debe tomarse en un plazo de 60 días, 90 días en "circunstancias excepcionales", precisó el ministerio de Justicia en el comunicado.

Si se toma la decisión de ejecutar la orden europea de detención, la persona debe ser extraditada al Estado que la emitió en un plazo de 10 días.

El abogado de Puigdemont, Paul Bakaert, podría alegar la necesidad de obtener un juicio equitativo para su cliente, aunque para ello tendría que demostrar que existe un riesgo real de que se vulneren sus derechos fundamentales en España, según explicó el abogado belga Marc Neve.

"La idea fundamental con la orden de arresto europea es que uno confía en los derechos fundamentales del país que la emite. Con España no estamos en el caso de un país que practique la tortura", dijo Maxime Chomé, abogado en Bruselas.