Reforma fiscal recibe luz verde en comisión legislativa

El proyecto de ley que transforma el impuesto de ventas en uno de valor agregado (IVA) y mediante el cual el gobierno espera recaudar al menos un 1,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dio un paso en firme este martes en su camino a ser aprobado por el plenario, luego de superar con éxito la etapa de comisión.

Precisamente fue la comisión especial conformada para estudiar el tema que este martes dictaminó de forma afirmativa el proyecto de ley que se tramita bajo expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tras desechar el lunes por la noche más de mil mociones en su mayoría presentadas por el legislador libertario Otto Guevara.

El texto contó con el aval de cuatro diputados y tres en contra. Quienes se opusieron fueron el libertario Otto Guevara, el frenteamplista Edgardo Araya y la representante de Restauración Nacional, Alexandra Loría.

Tras su dictamen se espera que el próximo martes 17 de abril se abra el periodo para la presentación de las mociones de fondo, en el plenario. El proyecto se tramita bajo una vía rápida, que permite a los congresistas ponerle plazo de votación a la iniciativa. Por ello fue que se desecharon la mayor parte de mociones este lunes, al vencerse el tiempo para analizarlas.

Pese a ello, hubo espacio para aprobar algunos cambios.

Por ejemplo, en el caso del impuesto de renta que deben pagar los trabajadores por sus ingresos, se aprobó una nueva tabla que afecta en especial a aquellos que perciben más recursos. Esto toca a todos los asalariados, pensionados o sobre cualquier tipo de ingreso que reporte.

Con la nueva tabla se eleva el monto exonerado y se comienza a pagar a partir de ¢1.199.999 hasta los ¢2.103.000, en cuyo caso pagará un 15% sobre el exceso. A partir de ese monto y hasta ¢4.205.000 pagará un 20%, y en montos superiores a ese ingreso pagará un 25%.

La reforma también pretende gravar con un impuesto del 15% las pensiones complementarias y voluntarias. Esto ha causado reservas por parte de algunos legisladores. Sandra Piszk de Liberación Nacional, estuvo de acuerdo este lunes en llamar a comparecer a representantes de la Superintendencia de Pensiones para escuchar su posición y analizar más a profundidad los efectos de la norma sobre las pensiones, en caso de aprobarse.

Otro de los puntos avalados en la comisión establece que el incentivo al que tienen derecho los funcionarios por su excelencia no deberá sobrepasar en un 1,94% el monto de un salario base (aproximadamente ¢431 mil).

Asimismo, a los trabajadores no se les podrá pagar pluses por discrecionalidad o confidencialidad. Tampoco se les podrá premiar por cumplir bienios, quinquenios o cualquier otro tipo de acumulación de años, distintos a las anualidades.

Se impone topes para las dietas que recibirán los miembros de juntas directivas, así como un impuesto a las pensiones de los expresidentes o sus herederos.