Reforma fiscal supera paso por el Congreso con el apoyo de 34 diputados

Meta​A favor se manifestaron diputados de cinco fracciones distintas

El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública superó este lunes su paso por la Asamblea Legislativa al ser aprobado en segundo debate.

La iniciativa contó con el voto afirmativo de 34 diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN, 1), Republicano Social Cristiano (PRSC, 1) y el independiente Érick Rodríguez Steller.

En contra se manifestaron 17 legisladores, de Restauración Nacional (PRN), Frente Amplio (PFA), los independientes alineados al movimiento político Nueva República (PNR, 8).

Para que el plan se convierta en ley, únicamente resta la firma del presidente Carlos Alvarado Quesada y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

El jefe de la bancada verdiblanca, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, hizo uso de la palabra antes de la votación para destacar que Costa Rica fue el último país de América en contar con un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).

También fustigó una vez más las manifestaciones contra el expediente 20.580 que desde el 10 de setiembre anterior mantiene a varias organizaciones de trabajadores del sector público en las calles, al tiempo que aseveró que estas lo hicieron en defensa de sus privilegios.

En sentido contrario se expresó la independiente Ivonne Acuña Cabrera, quien señaló que el texto carece de "rostro humano" y que "golpea a los más necesitados". La también prosecretaria del Directorio recordó la necesidad de una reforma integral del Estado que incluyera el tema fiscal.

De igual manera lo hizo Céspedes, jefe de fracción de Integración, quien dijo que en vez del proyecto debe combatirse la corrupción y debe reactivarse la economía de manera tal que se genere empleo en cada cantón.

Camino extenso y empedrado

El proyecto representa el tercer intento de la clase política por reformar el sistema tributario.

Su origen se remonta a la administración de Luis Guillermo Solís Rivera, que elaboró en 2017 una primera versión a partir de varias iniciativas que corrían en el Congreso, incluyendo cambios a los impuestos sobre la Renta y sobre el Valor Agregado para generar ingresos frescos que vinieran a sanear las finanzas públicas a partir de un creciente déficit que para ese año superó el 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la campaña política, Carlos Alvarado Quesada prometió la aprobación de dicho plan, aunque al llegar al poder encomendó a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, la elaboración de un texto que sustituyera el de su sucesor, mismo que recibió el visto bueno de las mayorías parlamentarias el 21 de agosto anterior.

A partir de ahí, todo fueron pasos sólidos para la propuesta a partir con la que el Gobierno de la República espera iniciar una ruta para solventar el problema fiscal.

Con cambios que le restaron rendimiento, el texto llegó al Plenario para ser aprobado -con protestas sindicales que le acompañan desde el 10 de setiembre- el pasado 5 de octubre en primer debate y luego fue enviado a consulta la Sala Constitucional.

Allí, el tribunal resolvió a favor del plan, lo que dio luz verde a los diputados para, a partir de la notificación del fallo este lunes, lo votaran de forma definitiva.

El discutido texto

La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea la ampliación de los contribuyentes con el objetivo de generar ingresos frescos, acompañados por medidas para combatir la evasión y para contener el gasto, con el objetivo de palear un déficit que el déficit primario (3 por ciento) al cabo de cuatro años.

Dentro de los principales cambios, destaca que transforma el Impuesto General de Ventas al Impuesto al Valor Agregado con el fin de gravar el sector de los servicios (prácticamente exentos en la actualidad). Uno de los elementos más destacados es que establece una tasa diferenciada del 1 por ciento a la canasta básica.

La iniciativa adiciona una escala del 20 por ciento a las remuneraciones mayores de ¢2,1 millones y del 25 por ciento para los montos superiores a los ¢4,2 millones.

Otras de las modificaciones es que prohíbe la inclusión en declaraciones de renta de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en “paraísos fiscales”

Además establece la regla fiscal y congela los salarios superiores a ¢4 millones y las dietas de las juntas directivas institucionales por dos años.