Reforma a Ley de Tránsito plantea que conductores paguen prueba de sangre para comprobar ebriedad
Texto busca prohibir los polarizados en los carros y crea una Dirección de Apoyo Legal en la Policía de Tránsito
25/06/15 | 17:12pm
Una reforma a la Ley de Tránsito propone que los conductores paguen las pruebas de sangre para comprobar o descartar el estado de ebriedad una vez que son detenidos.
Se trata de un proyecto de ley presentado este jueves por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, Franklin Corella, Marco Vinicio Redondo y Javier Cambronero.
El texto plantea reformas a 10 artículos de la Ley 9078 que data del 26 de octubre del 2012, con el objetivo de precisar la aplicación de sanciones y mejorar el procedimiento administrativo y judicial cuando se trata de conductores en estado de ebriedad.
El diputado de PAC, Javier Cambronero, explicó que la reforma plantea cambios en el artículo 208 que es el que regula la aplicación de las pruebas de alcoholemia y sangre.
Actualmente las pruebas de sangre corren por cuenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pero la reforma plantea que sean pagadas por el infractor.
La ley establece que en caso de preebriedad -cuando el conductor se encuentra entre 0 y 0.50 miligramos de alcohol por litro de sangre- la Policía de Tránsito debe aplicar la alcoholemia con prueba de aliento y si el infractor quiere objetar el resultado puede pedir un examen de sangre.
Según Cambronero en ese escenario, la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública deben escoltar al conductor hasta un centro médico de la CCSS donde la hacen la prueba. Un procedimiento que genera muchos gastos para el Estado.
Con la reforma cuando el conductor está en preebriedad se le aplica la alcoholemia y una multa de ¢306 mil.
Cambronero precisó que en el caso de ebriedad -cuando supera los 0.75 miligramos de alcohol por litro de sangre- la reforma plantea que se le quite el vehículo y se pase a la Fiscalía para que sea procesado por el delito de conducción temeraria donde se le puede imponer una pena máxima de 3 años de prisión que se pueda descontar mediante trabajo comunal.
La reforma también pretende sancionar el uso de polarizado que impida ver hacía el interior del vehículo y busca crear la Dirección Policial de Apoyo Legal del Tránsito.
Se trata de una dependencia constituida por abogados colegiados con conocimientos en la Ley de Tránsito que apoyarán a los oficiales en la ejecución de casos y en la correcta aplicación de la normativa.