Sala III autoriza registro de celulares y computadoras decomisados a presidente por caso UPAD

La Sala de Casación Penal autorizó la apertura y registro de los celulares así como de las computadoras del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, solicitada por la Fiscalía General para recabar pruebas relacionadas al caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Mediante la resolución 2020-01519, de las 3:50 p.m. del 20 de noviembre, de la cual AmeliaRueda.com tiene copia, los magistrados encomendaron al Ministerio Público y a la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la creación de una imagen forense de los dispositivos electrónicos del mandatario.

Para llevar a cabo esa tarea, los altos jueces comisionaron al Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José para que vele por el cumplimiento de las garantías fundamentales de las partes.

Asimismo, subrayaron que solamente podrán ubicarse los archivos que contengan información relacionada con los hechos investigados en el escándalo generado por la creación de una oficina a la que, mediante decreto, el gobernante dotó de acceso a "datos confidenciales" de la ciudadanía, supuestamente para la elaboración de políticas públicas.

"Esta diligencia técnico-pericial recaerá en el Ministerio Público y en la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial, quienes, por lo tanto, quedan autorizados también para la creación de la imagen forense, la apertura, el registro y el examen de los dispositivos señalados, mediante parámetros de búsqueda dados por el Ministerio Público y las contrapartes, debiendo dejar constancia del estado en que se encuentra; ubicando aquellos archivos informáticos que contengan información relacionada estrictamente con los hechos investigados; e imprimirán o describirán el contenido de tales archivos informáticos, con la indicación, de ser posible, de su ubicación", señala la resolución.

También, la Sala Tercera ordenó a la Fiscalía y a la Policía Judicial la rendición de un informe sobre el ingreso a los dispositivos incautados el 28 de febrero durante una serie de allanamientos en la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) así como en cuatro viviendas particulares.

En total se trata de 14 celulares, 15 computadoras portátiles, tres unidades centrales de procesamiento (CPU), dos tabletas, dos relojes inteligentes, una cámara de video, dos discos duros externos, dos discos compactos y 35 dispositivos de almacenamiento masivo.

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Fecha desconocida

La resolución fue notificada el mismo 20 de noviembre a la defensa técnica de Carlos Alvarado Quesada así como al Movimiento Ciudadano CR, grupo querellante encabezado por la abogada Gloria Navas Montero, según pudo constatar un día después este medio.

Aún así, la autorización de la apertura y registro de los celulares llega tarde, pues la Fiscalía General tenía apartada una cita para iniciar las diligencias a partir del 23 de noviembre. Ahora ese espacio deberá suspenderse y cederse para otros casos, pues, aún con el fallo, no era posible hacer la notificación con la suficiente antelación.

De hecho, la propia resolución indica: "Deberá el Ministerio Público, informar al Juez Penal designado, y demás partes interesadas en el proceso, y sus abogados, con la debida antelación, el día, hora y lugar en que se efectuará la diligencia de apertura y examen de la evidencia indicada".

La Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación tiene una agenda con tiempos de espera de entre nueve meses y un año debido a su carga de trabajo, según explicó a AmeliaRueda.com la oficina de prensa del Ministerio Público.

"Eso implicará que la diligencia deba posponerse sin conocerse fecha para poder realizarla, pues, aunque se obtenga el aval hoy (20 de noviembre), no sería posible notificar a las partes para el lunes (23 de noviembre), con el tiempo requerido", señaló el órgano acusador a este medio.

Navas Montero dijo vía telefónica que ella -antes de ser notificada- había consultado a la Fiscalía sobre la firmeza de la cita y que ahí le indicaron que "en virtud de que la Sala no había resuelto todavía, habían tenido que disponer de esas dos semanas para efectos de otras investigaciones".

Por su parte, el defensor del presidente, Róger Guevara Vega, refirió a la resolución e indicó que hasta las 9:05 a.m. de este 21 de noviembre no había sido informado sobre la fecha de las diligencias y, aseguró, tiene programadas varias audiencias para la próxima semana.

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Escándalo mediático

La Fiscalía General de la República investiga a ocho personas por el manejo de información relacionado con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. A ellos se les investiga por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Entre los imputados figuran el presidente Carlos Alvarado Quesada, el diputado y entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; la exjefa de despacho del mandatario, Felly Salas Hernández, el exasesor legal Luis Salazar Muñoz; así como a los asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Daniel Fernández Montero.

Dichas indicaciones fueron realizadas por el Ministerio Público como parte del comunicado de prensa en el que informó sobre la realización de 10 allanamientos relacionados con esta causa (expediente 20-005433-0042-PE). Dichas gestiones se activaron el 28 de febrero anterior en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas que no se detallaron.

Según detalló el órgano acusador, la investigación hace sospechar que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones", proceso del que "se cree que Alvarado Quesada tenía conocimiento".

"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos y Fernández Montero se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.

"Al parecer, Alvarado Quesada, Morales Mora y Soto Castro emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto", indicó la Fiscalía a través de su oficina de prensa.

Los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.

El primero se castiga con entre uno y tres años de prisión (con agravantes que aumentan el plazo en un año), el segundo con entre tres meses y dos años, y el tercero con entre dos y seis años.

La pesquisa judicial busca determinar si, efectivamente, el entonces equipo asesor de la Presidencia tuvo acceso a "datos confidenciales", una facultad que se le intentó asignar a través de un fallido decreto que se publicó el lunes 17 de febrero y se derogó cinco días después ante las críticas de ciudadanos, políticos y medios de comunicación.

Presidencia ha alegado que el equipo asesor de datos funcionaba desde hace año y medio, y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso legalmente.

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