Resolución de Presidente del Congreso para validar presupuesto es un error jurídico, según abogado

​Diputados harán consulta a Sala Constitucional sobre legalidad del procedimiento

25/11/14 | 10:01am

La resolución que tomó el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, el lunes por la noche, para validar el presupuesto de 2015, a pesar del rechazo al plan de gastos por parte de la mayoría de diputados, es un error jurídico, aseguró este martes por la mañana el abogado Jaime Ordóñez, en el programa Nuestra Voz.

Abogado, Jaime Ordóñez

De acuerdo con Ordóñez, la resolución de Mora viola el principio de mayoría. “Se está haciendo una resolución en contra de lo dicta el principio de mayoría y en contra de lo que dictan todas las interpretaciones constitucionales”, aseguró.

Abogado Enrique Rojas

En un sentido similar, el abogado Enrique Rojas manifestó que dicho principio es democrático y fundamental, no obstante, agregó que la decisión de aprobación del presupuesto se basó en un criterio político, con el fin de cumplir con las obligaciones de gasto de las instituciones públicas.

Para aprobar el plan de gastos, Mora se apoyó en una resolución de la Sala Constitucional, que señala que en caso de no lograr los votos suficientes para aprobar el presupuesto, el Presidente del Congreso puede avalar el texto base presentado por el gobierno, por ¢7,8 billones, o extender el presupuesto de 2014 para el año que sigue.

Dicho criterio fue utilizado por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, para aprobar el presupuesto de 2012.

No obstante, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, insistió que esta resolución habría sido válida utilizarla si esto hubiera ocurrido en la fecha límite para aprobar el presupuesto, no obstante, los diputados tenían tiempo hasta el 30 de noviembre para aprobarlo.

Diputado del PLN, Rolando González

A raíz de esto, González junto con el libertario Otto Guevara y el diputado de Alianza Demócrata Cristiana Mario Redondo acudirán a la Sala Constitucional para consultar si el procedimiento utilizado es legal.

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