Resoluciones atascadas en Sala I obligan a Corte a pagar más de ¢7 millones al mes

En momentos en que el Poder Judicial congeló plazas y busca evitar pagar más por sustituciones de funcionarios, el atascamiento de resoluciones pendientes en la Sala Primera obligó a la contratación de una nueva magistrada, lo cual implicará un gasto de más de ¢7 millones por mes al Estado.

Desde octubre de este año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, aprobó integrar una sexta magistrada a dicha Sala, la cual está integrada por cinco magistrados titulares; esto a pedido del presidente de ese órgano colegiado, el magistrado Luis Guillermo Rivas, con el fin de disminuir el circulante de asuntos pendientes.

La sexta magistrada que quedó integrada a la Sala es la jueza Jazmín Aragón Cambronero, quien es magistrada suplente y quedó electa por medio de un sorteo para desarrollar labores como titular a tiempo completo hasta finalizar el año.

Sin embargo, según reconoció el propio Rivas a AmeliaRueda.com, la designación de ella implica que ahora se le debe pagar el salario de una magistrada titular, monto que ronda los ¢7 millones al mes. Asimismo, se deberá contratar alguien que la sustituya en el puesto de jueza de Apelación en lo Contencioso Administrativo, así como una persona para sustituir a quien llega por ella, por lo que genera toda una cadena de contrataciones. El magistrado desconoce el presupuesto que esto implica.

Rivas calificó el atascamiento de resoluciones pendientes como una emergencia, pues es necesario llegar a la meta de 340 asuntos votados al finalizar este 2017. Antes de que entrara la nueva magistrada se habían votado 196 y hasta este martes se contabilizaban 237.

“Nosotros tenemos un problema de atraso que sí es preocupante y debe ser enfrentado con estas medidas”, expresó Rivas, quien agregó que este tipo de acciones las permite el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

¿Qué genera el atascamiento de resoluciones? Para el presidente de la Sala Primera, ha habido incapacidades y compromisos que tienen magistrados que atrasan las votaciones.

“Hay magistrados que estamos al día, hay magistrados que tienen otras obligaciones, y hay quienes tienen incapacidades y que no logran estudiar todos los proyectos de su oficina. En ese sentido, requerimos la colaboración de esta otra magistrada, para que se conozcan los expedientes de esas otras oficinas que tienen un mayor retraso”, dijo.

Magistrada reincide en saturación de expedientes

Iris Rocío Rojas Morales, quien se desempeña como magistrada desde abril del 2014, es quien tiene más resoluciones atascatadas en su despacho.

Para inicios de octubre, ella tenía 155 resoluciones a las que debía dar el visto bueno para pasar a votación con los demás magistrados. Entre ellos hay proyectos pendientes de estudio desde el año 2013 Y 2014.

“(Rojas) ha tenido problemas de salud y eso afecta la respuesta de ella. También ha estado en vacaciones”, justificó Rivas.

Sin embargo, esa situación es reincidente en Rojas, pues un artículo publicado por La Nación en agosto del 2015, reveló que en su despacho habían 136 resoluciones pendientes. En esa ocasión alegó que el atraso se debía a que se tardó su nombramiento.

Al respecto la magistrada justificó la situación al tiempo que la Asamblea Legislativa tardó en hacer el nombramiento de Magistrada titular que había generado una natural acumulación de expedientes y que aún cuando muchos de ellos estaban estudiados por la suplente designada "mi independencia judicial, garantizada a nivel constitucional, exigían un nuevo estudio de casos".

"Mi formación profesional y mis valores éticos me impiden enviar a mis compañeros de Sala, asuntos sin una revisión detenida como lo exige una justicia de calidad, con la que estoy comprometida. En aquella ocasión, algunos asuntos fueron devueltos a las oficinas de origen por no compartir el criterio jurídico de los mismos y de todo ello guardo registros documentales. Cuando no comparto el punto jurídico sostenido por la mayoría de la Sala, salvo el voto entregando al usuario una justificación detallada de los motivos que tengo para apartarme de lo resuelto y ellos se puede constatar con la simple revisión de los múltiples votos salvados que he suscrito".

De acuerdo con Rivas, desde el ingreso de la sexta magistrada, la cantidad de asuntos pendientes en la lista de Rojas bajó hasta 87, más ocho casos que están listos para pasar como proyecto de votación al pleno de la Sala.

Cuando un recurso ingresa a la Sala Primera, el expediente se asigna a un magistrado instructor, quien cuenta con tres letrados para estudiar el caso y redactar un proyecto de resolución, el cual es enviado a sus compañeros después ser sometido a votación.

Después de Rojas, quien tiene más resoluciones pendientes para dar el visto bueno es el magistrado William Molinari (75 asuntos y 12 con proyecto de redacción), seguido de Luis Guillermo Rivas (54 y 4), Carmenmaría Escoto (30 y 7) y Román Solís (7 y 6).

La Sala Primera es el órgano colegiado del Poder Judicial encargado de resolver recursos de casación y revisión en las materias civil, comercial y contencioso-administrativa.

Respecto al tema, la magistrada Rojas envió una nota a este medio en la que afirma que "en el ejercicio de mi derecho humano al restablecimiento de mi salud he estado separada por algún tiempo de la gestión ordinaria de la Sala y en todos los casos me he ausentado con la correspondiente incapacidad por enfermedad suscrita por médicos de la CCCS. El año pasado enfrenté el fallecimiento de mi esposo y de mi madre con tan solo tres meses de diferencia; lo que me causó un dolor y una afectación emocional indescriptible, dadas las enfermedades terminales que ambos sufrieron, eventos que por su trascendencia aún me mantienen en control médico".

"En cumplimiento de mi juramento constitucional, debe quedar claro que bajo ninguna circunstancia claudicaré en la revisión detenida y minuciosa de los expedientes que me corresponde votar, en la correcta aplicación del derecho, tampoco en el reconocimiento de la justicia al caso concreto. Guardo en mi oficina los registros documentales que acreditan mi buen hacer en cada expediente que tramito como Magistrada de la Sala I de la Corte. La Justicia no puede festinarse, en su correcta aplicación descansa la paz social y el Estado de Derecho. Tengo el derecho humano de reponer mi salud cuando esta, por alguna razón, se encuentre quebrantada y a reintegrarme a mis labores cuando así lo disponga el criterio profesional del médico tratante, correspondiendo al Poder judicial adoptar las medidas necesarias para proveer mi adecuada sustitución", dijo.

Sobre el tema la magistrada envió el siguiente derecho de respuesta:

Por este medio, la abajo firmante, Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el numeral 66 de la Ley de la jurisdicción Constitucional, ejerzo mi derecho de rectificación y respuesta, en relación con la publicación de su medio digital AmeliaRueda.com de fecha 8 de noviembre 2017, redactada por el periodista Gustavo Fallas.

La publicación de comentario no está sustentada en datos ciertos; en ningún momento fui consultada por el medio de prensa, ni de manera persona, ni a través del Departamento de Prensa del Poder Judicial; ello a pesar de mi disposición para atender siempre a toda persona que así lo solicite. El periodista no se interesó en escuchar previamente mi versión y permitirme ejercer el derecho fundamental de defensa, lo que le habría dado la oportunidad de entregar a los lectores información veraz; esta falencia me obliga a aclarar y rectificar el contenido de la nota, en lo siguientes términos:

La Ley Orgánica del Poder Judicial en su articulo 65, faculta a las Salas de la Corte para solicitar de manera extraordinaria a la Presidencia de la institución, el nombramiento de los magistrados suplentes en el servicio público que requiera, opción que se concretó frente a la necesidad de bajar el circulante de la Sala y prepararnos para el impacto que traería la inminente entrada en vigencia del Código Procesal Civil, medida que ha sido sumamente exitosa en el corto tiempo de su implementación.

No es veraz afirmar que existe reincidencia de mi parte en atrasar asuntos, para sustentar tal afirmación el periodista Gustavo Fallas hace referencia a una publicación antigua del periódico La Nación, sin tomar en cuenta mis manifestaciones al respecto en aquella ocasión, en la que aclaré - por medio de rectificación y respuesta- que el tiempo que tardó la Asamblea Legislativa en hacer el nombramiento de la Magistrada titular había generado una natural acumulación de expedientes- cuyos registros detallados conservo- y que, aun cuando muchos de ellos estaban estudiados por la suplente designada, mi independencia judicial, garantizada a nivel constitucional, exigían un nuevo estudio de los casos. Mi formación profesional y mis valores éticos me impiden enviar a mis compañeros de Sala, asunto sin una revisión detenida como lo exige una justicia de calidad, con la que estoy comprometida. en aquella ocasión, algunos asuntos fueron devueltos a alas oficinas de origen por no compartir el criterio jurídico de los mismos y de todo ello guardo registros documentales. Cuando no comparto el punto jurídico sostenido por la mayoría de la Sala, salvo el voto entregando al usuario una justificación detallada de los motivos que tengo para apartarme de lo resuelto y, ello se puede constatar con la simple revisión de los múltiples votos salvados que he suscrito, todos registrados en el sistema informático de la Sala y a disposición de las personas que requieran examinarlos.

En el ejercicio de mi derecho humano al restablecimiento de mi salud he estado separada por algún tiempo de la gestión ordinaria de la Sala y en todos los casos me he ausentado con la correspondiente incapacidad por enfermedad suscrita por médicos de la CCCS. El año pasado enfrenté el fallecimiento de mi esposo y de mi madre con tan solo tres meses de diferencia; lo que me causó un dolor y una afectación emocional indescriptible, dadas las enfermedades terminales que ambos sufrieron, eventos que por su trascendencia aún me mantienen en control médico. En este año, luego de requerir atención e internamiento en el servicio de emergencias, fui intervenida quirúrgicamente el día miércoles nueve de noviembre y hoy estoy en el proceso de recuperación posoperatorio. En todos los casos que he descrito, las incapacidades han sido extendidas y refrendadas por médicos de la CCSS, que me han brindado la atención por la que cotizo puntualmente a la seguridad social. El Poder Judicial está en la obligación de nombrar a un magistrado (a) durante mis incapacidades por enfermedad; ello con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio público y mi restablecimiento total y no soy responsable por lo que acontezca en la Sala I durante el tiempo que requiera para recuperar mi salud. Corresponde al presidente de la Sala - por su condición gerencial- verificar que los funcionarios nombrados para hacer las sustituciones tramiten y resuelvan oportunamente los procesos pendientes, para lo que debe requerir y valorar informe de labores.

En cumplimiento de mi juramento constitucional, debe quedar claro que bajo ninguna circunstancia claudicaré en la revisión detenida y minuciosa de los expedientes que me corresponde votar, en la correcta aplicación del derecho, tampoco en el reconocimiento de la justicia al caso concreto. Guardo en mi oficina los registros documentales que acreditan mi buen hacer en cada expediente que tramito como Magistrada de la Sala I de la Corte. La Justicia no puede festinarse, en su correcta aplicación descansa la paz social y el Estado de Derecho. Tengo el derecho humano de reponer mi salud cuando esta, por alguna razón, se encuentre quebrantada y a reintegrarme a mis labores cuando así lo disponga el criterio profesional del médico tratante, correspondiendo al Poder judicial adoptar las medidas necesarias para proveer mi adecuada sustitución. De igual manera, solicitaré a los órganos competentes, cuando lo estime necesario, la aplicación de medidas legales para garantizar a los usuarios un adecuado servicio público.

Fotografía: magistrados de Sala Primera en primera fila. De izquierda a derecha están Iris Rocío Rojas, Román Solís, Luis Guillermo Rivas, Carmenmaría Escoto y William Molinari.