FIV debe superar más de 300 mociones en comisión legislativa pese a respaldo de 6 de 9 diputados

El proyecto de ley que busca permitir la aplicación de la técnica de Fertilización In Vitro (FIV) en el país cuenta con el apoyo de seis de nueve diputados en la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, sin embargo, debe superar más de 300 mociones que tiene en su contra.

Esta comisión legislativa se encontraba paralizada desde el 30 de abril pero ya fue nuevamente instalada por el nuevo Directorio Legislativo, por lo que podrá retomar la discusión de la iniciativa en los próximos días.

En este foro legislativo, el presidente de la comisión, el liberacionista Ronny Monge indicó que lo apoya totalmente. También lo hace su compañera de bancada la diputada Sandra Piszk.

Las legisladoras de Acción Ciudadana (PAC) Emilia Molina y Laura Garro apoyan el proyecto, así como los frente amplistas Patricia Mora y Carlos Hernández.

El legislador socialcristiano Luis Vásquez y la verdiblanca Marta Aráuz aún no definen su postura, indicaron tras ser consultados.

Quien no respalda la iniciativa es el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, quien comentó que 25 de las 300 mociones son suyas. Redondo aseguró que no presentará más cambios y prevé que el proyecto pasará a plenario en agosto de este año.

El presidente de la comisión legislativa indicó que su compromiso es que antes de finalizar el año el proyecto de fecundación in vitro haya sido dictaminado.

Asimismo, la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, expresó que por semana esperan sacar al menos 50 mociones con sesiones extraordinarias.

La fecundación in vitro fue prohibida en Costa Rica por la Sala Constitucional en 2000 en un fallo que concluyó que la técnica viola el derecho a la vida de los embriones que no se implantan en el vientre de la mujer.

Sin embargo, en diciembre de 2012 la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado costarricense aplicar la técnica, tras resolver a favor una demanda presentada por un grupo de ciudadanos, quienes alegaron violación a los derechos humanos.