Parejas piden a CIDH declarar admisión de recurso en Sala IV como incumplimiento de sentencia

Notificación Abogados May y Molina interpusieron queja formal este viernes ante órgano interamericano contra admisión de acción de inconstitucionalidad

La Sala Constitucional "invadió" las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al admitir mediante la resolución 2015-15725 el pasado 7 de octubre una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que reguló en setiembre pasado la fecundación in vitro (FIV) y a raíz de ello dejarlo sin efecto.

Así lo creen los abogados Hubert May y Boris Molina, defensores de las parejas demandantes del Estado por no permitirles optar por la técnica de embarazo asistido FIV, quienes acudieron la mañana de este viernes a la CIDH a presentar una queja formal y pedirle que declare esta acción como un nuevo incumplimiento de la sentencia contra el Estado costarricense.

abogado hubert may

En el documento entregado a la CIDH, May y Molina calificaron de "irrespeto" el hecho de que la Sala Constitucional se refiera al caso.

Según indicó May, la finalidad de "avisar" a la CIDH es que esta Corte ordene la aplicación del decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís el pasado 10 de setiembre.

"Solicitamos a la Corte Interamericana que en su resolución sobre fiscalización de cumplimiento declare que la resolución 2015-15725 de la Sala Constitucional será tenida como un incumplimiento de la sentencia Artavia Murillo y que por tanto carece de legitimidad y validez, y que no produce efectos", consta en el documento de dos páginas.

El caso Artavia Murillo se refiere a la demanda de 10 parejas contra el Estado costarricense, interpuesta en el 2001. En su fallo del 28 de noviembre de 2012, la CIDH condenó al país por considerar que el Estado "violó derechos humanos fundamentales de estas familias al prohibir la aplicación de la FIV en el territorio nacional.

Para Mey los argumentos de los opositores a la FIV, que interpusieron la acción de inconstitucionalidad, ya fueron analizados por la CIDH por lo cual los magistrados no deben de emitir otro criterio sobre los mismos temas.

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Con una dividida votación cuatro-tres los magistrados decidieron, este miércoles, suspender el decreto que regula la FIV por lo cual no se puede aplicar la técnica a nivel nacional hasta que emitan una resolución.

Los magistrados Gilbert Armijo Sancho; Ernesto Jinesta Lobo y Nancy Hernández López rechazaron de plano la acción de inconstitucionalidad al considerar que la Sala Constitucional carece, de momento, de competencia para conocer de la acción de inconstitucionalidad planteada debido a que la Corte internacional está analizando el decreto.

La acción de inconstitucionalidad la presentaron el 21 de setiembre anterior la abogada Alexandra Loría y un bloque de tres diputados evangélicos Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana; Fabricio Alvarado de Restauración Nacional y Gonzalo Ramírez Zamora de Renovación Costarricense.