Sala IV ordena a Incopesca sustentar con estudios técnicos sostenibilidad de pesca de arrastre
Tribunal señaló que institución omitió esta información para determinar si es posible o no una reducción significativa de captura incidental
31/08/18 | 17:03pm
La Sala Constitucional dio un plazo de seis meses al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para que efectúe estudios técnicos y científicos que determinen la sostenibilidad o no de la pesca de arrastre.
En la sentencia N 2018-14168 el tribunal declaró con lugar un recurso de amparo que reclamaba a la entidad esta omisión para permitir la técnica, específicamente para la extracción de camarón.
El Instituto deberá realizar los estudios con la finalidad de determinar si la pesca de arrastre de camarón es posible efectuarla con una reducción significativa de la captura incidental compatible con un desarrollo amigable con el ambiente.
Para la elaboración de estos análisis, el Incopesca deberá recurrir al consejo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), así como a universidades.
En otro fallo dado a conocer el pasado 18 de mayo, la Sala Constitucional determinó que la Asamblea Legislativa anterior aprobó en primer debate una ley para volver a instaurar la pesca de arrastre en el país, sin embargo, lo hizo sin tomar en consideración aspectos técnicos y científicos que demuestran su insostenibilidad. Esa votación se dio en marzo de este año.
Los magistrados indicaron que para que la técnica pueda instaurarse necesita respaldarse que existe una reducción significativa de la captura incidental compatible con un desarrollo sostenible, situación que en la actualidad no se ha demostrado.
Este proyecto de ley se sumó a los intentos fallidos de la administración Solís Rivera por tratar de revivir la pesca de arrastre.
Otro planteamiento en esa línea se dio mediante un acuerdo de Incopesca señalando una serie de medidas para evitar la captura incidental pero sin tener la venia de sectores ambientales y científicos. Al final, la misma Sala Constitucional ratificó la sentencia del 2013 tras declarar con lugar un recurso de amparo en contra de la decisión de la entidad.
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El Gobierno actual ha prometido que no tomará acciones en esta misma línea para permitir la pesca de arrastre.