No hay compromiso de activos del Estado en contrato confidencial para vacunas anticovid, según Salas

El ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, rechazó que el contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de vacunas contra el nuevo coronavirus incluya el compromiso de algún activo del Estado como garantía; condiciones que según una investigación periodística internacional fueron planteadas a Brasil y Argentina.

Durante su interpelación ante el Plenario de la Asamblea Legislativa de este 31 de mayo, el jerarca fue consultado por los diputados José María Villalta Flórez-Estrada y Jonathan Prendas Rodríguez sobre una parte del acuerdo con el gigante estadounidense, toda vez que en otros países de Latinoamérica trascendieron algunas cláusulas contractuales abusivas.

Los legisladores del Partido Frente Amplio (PFA) y del bloque independiente Nueva República (NR), respectivamente, hicieron referencia a una publicación del 23 de febrero liderada por The Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, Reino Unido, así como el medio de comunicación OjoPúblico, de Perú, que apunta a que Pfizer exigió como respaldo activos como reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares brasileñas y argentinas.

Sumado a ello, el primero de los congresistas recordó que en una comparecencia ante una comisión del Senado de Brasil que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, el presidente de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, declaró que las cláusulas son similares en las 66 naciones que han suscrito contratos para obtener los inmunizantes.

"No hay compromiso de los activos soberanos", recalcó el titular de la cartera sanitaria antes de asegurar que en el proceso se buscó la aprobación de la Contraloría General de la República (CGR). "Estos contratos se regulan por las normas propias del Derecho Internacional en la materia", agregó.

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El ministro también enfatizó en las confidencialidad dispuesta en el contrato ante constantes críticas y señalamientos sobre ese particular. Salas Pereza defendió que el secretismo en el acuerdo obedece a una condición dispuesta por la empresa. Entre los puntos que estas incluyen mencionó, por ejemplo, los cronogramas y el costo unitario de las dosis.

Hasta la fecha el Gobierno de la República se ha limitado a informar el monto total de las compras y el número de dosis adquiridas.

Este 31 de mayo además de negar el compromiso de activos, el jerarca reveló que las vacunas se pagan contra entrega, salvo al inicio, donde se hizo un adelanto en el que no ahondó en detalles.

Ante reiteradas consultas, el titular también rechazó que se firmara alguna cláusula que comprometa al país a adquirir únicamente inyectables de Pfizer. "No hay un acuerdo de exclusividad, no existe, con ninguna compañía farmacéutica ni lo habrá porque esto no nos puede amarrar. Y esto ya lo hemos visto", comentó.

Salas Peraza recapituló parte de su exposición, donde hizo referencia a como el Poder Ejecutivo tuvo acercamientos con las compañías Moderna y Johnson & Johnson así como con los gobiernos de Rusia y China, para la adquisición de sus biológicos, pero que en ninguno de los casos se tuvo certeza de disponibilidad de vacunas para este año.

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El ministro detalló que el país compró 9.130.725 dosis de inmunizantes para 4.565.362 de habitantes. Esa cantidad de personas representa el 100% de la población mayor de 12 años.

De estas, 6.000.075 corresponden a vacunas compradas a la farmacéutica estadounidense y el laboratorio alemán BioNTech por un total de $72.013.500 (incluye el contrato original y dos adendas).

Las demás se distribuyen en 1.092.000 del producto desarrollado por la compañía AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Reino Unidos, por $5.460.000; así como 2.037.600 adquiridas a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) por $21.496.680.

En total, el Gobierno invirtió $98.970.180 en vacunas más $1.133.405 en insumos, como congeladores para el almacenamiento de los biológicos.

Hasta el 25 de mayo anterior a Costa Rica arribaron 2.148.525 dosis -un 23,53%-.