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Fotografía de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo

Seis altos cargos del régimen de Ortega señalados en informe independiente por matanza en Nicaragua

​Grupo de expertos pide investigar a la vicepresidenta Rosario Murillo, así como a dos diputados, una ministra, un alcalde y a otro funcionario municipal

La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo encabeza la lista de seis altos cargos del régimen de Daniel Ortega que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) incluyó en su informe final por supuestamente haber entramado y ejecutado un plan represivo contra las manifestaciones opositoras en Nicaragua.

El periódico local La Prensa reveló este martes que al lado de la número dos del gobierno pinolero, figuran los diputados oficialistas Gustavo Porras y Filiberto Rodríguez, la ministra de Salud, Sonia Castro; el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón; así como el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

A los seis funcionarios se les menciona como involucrados directos en las acciones que emprendieron la Policía Nacional, los grupos paramilitares y los de choque contra los protestantes que desde el 18 de abril anterior piden la salida de Ortega del poder.

En razón de lo anterior, el informe plantea que a los señalados se les investigue.

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De acuerdo con el texto, a Rosario Murillo se le responsabiliza por el diseño de una campaña que establece "ciudadanías diferenciadas", en la cual califica a los manifestantes “minúsculos, vándalos, vandálicos, mareros, terroristas, plaga, vampiros, entre otros”.

También se le coloca al frente de una "estructura paralela del Estado", utilizada para reprimir a los opositores.

“Si bien no se han podido encontrar elementos que permitan (demostrar que la vicepresidenta dirige esa estructura) no puede dejar de mencionarse esa posibilidad, que deberá ser investigada cuando existan las condiciones de independencia y autonomía en el sistema de justicia”, concluyen los expertos internacionales.

Al presidente de la Asamblea Nacional, el sindicalista Gustavo Porras, el informe lo coloca como uno de los posibles responsables del ataque paramilitar a la Marcha de las Madres de Abril, que se realizó el 30 de mayo anterior.

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“Pocos días después de conocerse aquella convocatoria, el sindicato Frente Nacional de los Trabajadores (dirigido por el congresista) realizó un llamado a movilizarse el mismo día en que se celebraría la marcha anunciada por el Movimiento Madres de Abril. El acto oficialista (…) constituyó una verdadera contramarcha y fue dicho funcionario en persona (Porras) quien convocó a tomar(se) las calles (…) en defensa del gobierno constitucional, en defensa de la Constitución de la República, en defensa de la paz, en defensa de la revolución”, recoge el informe.

El reporte también dio cuenta de una serie de amenazas en redes sociales, que en su mayoría referían a imágenes bélicas y "sorpresas" para ese día.

Al también legislador y presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Filiberto Rodríguez, se le ubica en la dirección de actos de violencia contra las manifestaciones en León y ataques a medios de comunicación críticos al régimen, como el incendio de Radio Darío. Por esos hechos además se menciona al dirigente estudiantil Walter Mata, del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN).

El documento indica que el diputado fue grabado en un video en el que se le escucha decir en voz alta: "Hoy los vamos a desturcar, pueden grabar, pueden sacarme fotos, pero hoy los vamos a desturcar...".

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Asimismo, la jerarca de Salud, Sonia Castro, el grupo independiente la señala de haber ordenado a los hospitales públicos que no atendieran a los protestantes heridos.

“Existe información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, de formas de atención inadecuadas”, maltrato a los heridos “que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes”.

“Todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuando existan condiciones. Las investigaciones deberán determinar la dimensión de este fenómeno, qué tipo de órdenes emanaron de la ministra Castro y de la dirección de cada hospital, qué rol tuvo la central Fetsalud en los hechos, y qué medidas se tomaron -o no- para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”, menciona el informe en las recomendaciones", reza el documento.

En cuanto al alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, el informe independiente lo cataloga como uno de los directores de las turbas orteguistas, a partir de informaciones obtenidas por relatos de ciudadanos, medios de comunicación, videos y fotografías.

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Respecto al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, en el texto se dice que fue quien transmitió e hizo cumplir las órdenes de Murillo, a partir de una declaración dada por la exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central y secretaria política del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL), Ligia Gómez.

"Tenía un mensaje claro: ‘Debemos defender la revolución, vamos con todo, no les permitiremos que nos roben la revolución", dice el documento, citando a la exfuncionaria.

El informe del grupo de expertos, que además responsabiliza al gobierno de Daniel Ortega de cometer crímenes de lesa humanidad, fue tomado como base del resumen dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (CP-OEA) el pasado 27 de diciembre. A partir de esa sesión, el secretario general del órgano, Luis Almagro, inició las gestiones para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que de concretarse la aplicación de su artículo 20, podría deparar en una sanción del país como Estado Miembro.

Dicha recopilación también confirma un registro de 325 personas fallecidas y más de 2.000 heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; 300 profesionales de la salud despedidos y; al menos, 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados.