Seis empresas se disputan adjudicación de proyecto para colocar brazaletes electrónicos a reos

licitacion​Unidad Ejecutora del BID definirá en seis semanas cuál compañía desarrollará plan piloto en Costa Rica

Seis empresas se disputan la adjudicación del proyecto de brazaletes electrónicos que se utilizarán como una alternativa a la prisión preventiva o como un sustituto de una sentencia privativa de libertad, según confirmó la ministra de Justicia, Cristina Ramírez.

El Ministerio de Justicia y la Unidad Ejecutora del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibieron el pasado 1 de abril 14 ofertas de compañías interesadas en desarrollar el plan. La semana anterior descartaron a ocho oferentes.

ministra de justicia, cristina ramírez

Ramírez explicó que solo seis empresas cumplieron con todos los requisitos técnicos y legales que se pedían para desarrollar el proyecto.

Estas compañías tendrán que presentar la oferta económica (costo del proyecto) en las próximas dos semanas.

AmeliaRueda.com pidió a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y a la Unidad Ejecutora del Préstamo del BID los nombres de estas seis empresas, pero indicaron que por tratarse de un concurso para adjudicar un contrato no se pueden revelar.

De acuerdo con Ramírez, ahora la Unidad Ejecutora del Préstamo del BID debe definir cuál oferente propone el mejor costo de acuerdo con las necesidades y requerimientos del proyecto, para adjudicar el contrato en unas seis semanas.

La jerarca de Justicia indicó que el proyecto será financiado con una partida de $1,3 millones proveniente del componente de fortalecimiento al sistema penitenciario del préstamo del BID.

MINISTRA DE JUSTICIA, CRISTINA RAMÍREZ

El adjudicatario tendrá que construir el centro de monitoreo, capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública, jueces y agentes de otros cuerpos de seguridad. También tendrá que comprar los brazaletes y darles mantenimiento.

Según Ramírez, inicialmente el proyecto contará con unos 220 brazaletes que se colocarán a quienes descuenten medidas cautelares o a aquellos reclusos que reciben una primera sentencia en firme que no supere los seis años.

Esto solo se aplicará en delitos que no sean de alta peligrosidad, como por ejemplo pensión alimenticia o accidente culposo.

La pulsera es un dispositivo que se adapta a la muñeca o al tobillo de un privado de libertad y sus desplazamientos pueden ser seguidos por medio de un satélite. Si un privado de libertad está en un área restringida, el dispositivo emitirá una alerta.

Además, se podrá utilizar en madres jefas de hogar, personas con familiares con algún grado de discapacidad que sean dependientes económicamente y adultos mayores de 75 años.