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Seis meses de prisión preventiva pide la Fiscalía contra funcionarios del Banco Popular y SINOCEM

Este jueves iniciará audiencia para fijar medidas cautelares

El Ministerio Público solicitará seis meses de prisión preventiva contra las seis personas que resultaron detenidas la mañana del miércoles por irregularidades en un crédito por $5 millones que otorgó el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) a la empresa importadora de cemento chino, SINOCEM Costa Rica.

La Fiscalía General de la República informó de que ya tomó la declaración de los sospechosos de cometer el delito de peculado y estos conocieron el expediente y las pruebas recabadas en su contra.

Posteriormente, los cuatro funcionarios de la entidad financiera y los dos gerentes de la cementera quedaron a la orden del Juzgado Penal de Hacienda, al que el Ministerio Público solicitará los seis meses de prisión preventiva en audiencia de este jueves.

Las personas detenidas son el gerente general y el gerente financiero de SINOCEM, un sujeto de apellidos Rojas Segura; un abogado de apellidos Cortés Zúñiga (representante de la compañía); un ejecutivo de negocios del Banco Popular de apellidos Gómez Barrantes (además investigado por supuestamente comercializar con el cemento chino); un analista de crédito de apellidos Bogantes Brenes; el director de Banca Comercial y miembro del Comité Gerencial de Crédito Pleno apellidado Alpizar Hidalgo; y el jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, de apellidos Delgado Negrini.

Justamente los últimos dos aprehendidos fueron arrestados en la sede central de la institución en San José, mientras que los demás fueron detenidos en los allanamientos dirigidos por la Fiscalía en tres casas de habitación situadas en Grecia y una en La Unión de Cartago.

Las diligencias, iniciadas a las 6:00 a.m., incluyeron operativos en la Agencia Aduanal Aeromar, en Colima de Tibás; en la Agencia Naviera Transmares, en Escazú; otras tres sucursales del Popular en Mata Redonda, Pavas y San Pedro; y el Banco Improsa, en Barrio Escalante.

Específicamente en la agencia aduanera se pretendía localizar el detalle de la importación del producto para la construcción, mientras que en la naviera se deseaba determinar información sobre los buques que trajeron al país 40 mil toneladas de cemento desde China.

El operativo en el Improsa tiene que ver con la búsqueda de un contrato de fideicomiso, mientras que en el BPDC la búsqueda estaba orientada a ubicar expedientes bancarios y documentación general para que sea analizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) e incorporada al expediente 17-13-033-PE.

El empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, figura como imputado en esta causa penal, por lo que, en próximas semanas, será trasladado al Ministerio Público para que rinda su declaración por estos hechos.

La Fiscalía investiga el otorgamiento de un crédito a la empresa Grupo JCB por parte Banco Popular por cinco millones de dólares, en donde el banco presuntamente autorizó una línea de crédito por ese monto sin hacer el análisis de capacidad de pago, del plan de inversión y de las garantías, tal y como lo señaló en conferencia de prensa la fiscala general, Emilia Navas Aparicio.

Para la obtención del préstamo, la compañía justificó que el dinero se usaría para la importación de cemento chino, pero otorgó como prueba las misma Declaración Única Aduanera (DUA) que entregó al Banco de Costa Rica (BCR) como garantía para un crédito. Las DUA son documentos que se entregan por cada importación que una persona haga, por lo que no puede haber una misma declaración para dos importaciones diferentes.

Adicionalmente, la entidad bancaria otorgó el 26 de abril de 2017 un refinanciamiento por otros $4,5 millones en el plazo de 15 años a pesar de que el préstamo anterior permanecía en mora y a que existían alertas para detener el trámite, de acuerdo con la declaración de la Fiscala General.

El escándalo del cemento chino tiene que ver con la aprobación de más de $30 millones en créditos a Bolaños Rojas por parte de la banca pública a través de una supuesta red de tráfico de influencias entre miembros de los tres Poderes de la República.

Actualmente, Bolaños Rojas descuenta prisión preventiva mientras es investigado por tráfico de influencias y peculado.