Sindicato del OIJ pedirá a Corte anular votación que determinó amonestación a magistrados

​Denunciantes solicitarán aclaración de la sanción, una adición y tener acceso al informe elaborado por el juez instructor del expediente disciplinario

13/07/18 | 17:44pm

La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) solicitará a la Corte Plena anular la votación en la que se determinó sancionar tan solo con una amonestación escrita a cuatro magistrados de la Sala de Casación Penal que desestimaron una causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata por presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino

El secretario general del sindicato del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Álvaro Rodríguez Zamora, confirmó a AmeliaRueda.com que su equipo legal se encuentra formulando una acción de revocatoria a la votación del miércoles anterior en la que el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, así como la presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal; el titular, Jesús Ramírez Quirós; y la suplente, María Elena Gómez Cortés fueron librándos de un castigo severo.

A los cuatro magistrados la Corte Plena acordó abrirles una causa disciplinaria el pasado 6 de diciembre, a raíz de una queja interpuesta el 30 de octubre del 2017 por ANIC, la cual denunció que los jueces desestimaron la causa contra los excongresistas a pesar de que existía una prueba recabada por Policía Judicial, que revelaba cientos de contactos telefónicos de los entonces miembros de la Asamblea Legislativa con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien actualmente está en prisión preventiva.

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El informe evidenció que entre Guevara y Bolaños existen 608 registros telefónicos entre el 1 de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Morales son 184.

"En un principio lo que tenemos que hacer es revisar lo que se hizo. Nosotros estamos preparando un documento solicitando una aclaración y adición e incluso, aunque nos digan que no, vamos a solicitar la revocatoria de lo que se decidió anteayer. Eso es un derecho que tenemos nosotros por ser los denunciantes en la causa esa e igual ocurriría en lo penal si corresponde", explicó Rodríguez.

"Si eso implica que la votación se hiciera otra vez, entonces yo creo que la prensa puede apoyar para que la votación no sea privada aunque así estén facultados, pero que en aras de la transparencia como se hizo en la Asamblea Legislativa (con la destitución del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez) que costó muchísimo pero que por vergüenza tuvieron que hacer. Ojalá ese efecto se diera aquí en el Poder Judicial para que podamos saber qué fue lo que se gestó", añadió el dirigente sindical.

Rodríguez indicó que también están solicitando el informe que elaboró el magistrado instructor del expediente disciplinario, Román Solís Zelaya, para verificar si existió "juego político" a la ahora de minimizar la responsabilidad que tuvo la Sala Tercera.

La desestimación ocurrió el 20 de febrero del 2017 por solicitud de la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, sobre quien cayó la responsabilidad de la desestimación y el lunes fue suspendida dos meses sin goce de salario.

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Sin embargo, luego de que inició el escándalo del cemento chino, dicha desestimación se vino abajo y la Fiscalía solicitó en octubre a la Sala Tercera reabrir el caso contra Guevara y Morales, petición que fue avalada por los altos jueces.

La denuncia contra los exdiputados, que se tramita bajo el expediente 15-000022-0033-PE, indica que antes de noviembre del 2014 se aliaron entre sí "para procurar la reforma al Reglamento Técnico de Cemento, y así variar los requisitos para su venta y con ello ampliar los parámetros, lo cual permitiría al coimputado empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importar cemento desde China, obteniendo con esto un beneficio patrimonial".

El reglamento vigente para el 2014 establecía que el cemento importado no podía tener más de 45 días desde su empaque.

Un mes después de que se volvió a reabrir el caso contra los exdiputado, en noviembre de 2017, la fiscala Emilia Navas Aparicio allanó las oficinas de ambos exlegisladores como parte de la investigación.

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La Fiscalía General de la República también investiga a los magistrados de Sala Tercera a raíz de la denuncia de ANIC.

Crédito de fotografía: Paulo Villalobos Saborío.

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