Sindicatos condicionan diálogo fiscal a cambio de retirar declaratoria de ilegalidad en huelga

La unidad sindical entregó este viernes al Gobierno de la República un pliego con peticiones que incluyen el retiro del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la solicitud de declaratoria de ilegalidad del movimiento realizado este lunes, de modo que se pueda instalar una mesa de diálogo sobre la reforma fiscal.

Esta es la primera vez que las organizaciones de trabajadores llegan con un documento de requerimientos que abre la posibilidad de un intercambio con el Poder Ejecutivo para la incorporación de propuestas en el expediente 20.580, que se discute con un trámite especial en la Asamblea Legislativa. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, había explicado que acceder al diálogo con el texto actual sería el equivalente a validarlo.

De acuerdo con el documento, las exigencias de los sindicatos van en la línea de sacar el plan fiscal de la corriente parlamentaria y el retroceso en el trámite que varias instituciones públicas, como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), iniciaron el 25 de junio para sancionar a los trabajadores que asistieron a la huelga convocada para ese día.

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Otro de los puntos del pliego establece que la mesa de diálogo debe ser multisectorial, en la que se incluya a los empresarios. La administración del presidente Carlos Alvarado propone en cambio una negociación bilateral con la presencia de la Iglesia Católica como garante.

El documento fue entregado este viernes por la mañana en un encuentro en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), cinco días después de que la unión sindical -que conforman Patria Justa y Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco)- lanzara a la calle a miles de empleados a lo amplio y ancho del territorio nacional, al punto 81 por ciento del personal de centros educativos se ausentó de las aulas, mientras que en los centros médicos dejaron de atender el 40 por ciento de las citas.

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El Gobierno tiene a más tardar el 9 de julio para emitir una respuesta a los sindicatos.

Fotografía cortesía de ANEP.