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Solís dice estar dispuesto a colaborar con Fiscalía tras conocer que es investigado

​Mandatario y otros 33 miembros de los Supremos Poderes son investigados en la Fiscalía General

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, afirma estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía General de la República luego de conocer que es investigado por el delito de nombramientos ilegales.

La Casa Presidencial emitió una reacción del Mandatario tras una publicación realizada este jueves por AmeliaRueda.com, en la que se reveló que es uno de los 34 miembros de los Supremos Poderes que está bajo la lupa del Ministerio Público.

"El Presidente de la República no ha sido notificado de ninguna denuncia en su contra ante el Ministerio Público, sin embargo, reitera su permanente disposición a colaborar en cualquier diligencia que requiera la Fiscalía, como siempre lo hemos hecho", indicó el mensaje.

La causa contra Solís se abrió en 2017 y el delito por el que es señalado está está tipificado en el artículo 337 del Código Penal de Costa Rica, donde se establece que "será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales".

Debido a que todos los casos están bajo estudio, el órgano acusador del Estado no puede informar sobre los hechos investigados.

Al igual que el Gobernante, la Fiscalía General de la República tiene una causa abierta por nombramiento ilegal contra el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega.

El titular de Seguridad envió un comunicado de prensa la tarde de este jueves en el cual expresó que tampoco ha sido notificado y el "nombramiento de personal es una función de la Dirección de Recursos Humanos, la cual cuenta con procedimientos claramente establecidos para ese fin, tanto puestos de alcance administrativo como policial".

También, el vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, tiene dos causas por incumplimiento de deberes. Por el mismo delito es investigado el ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum Camacho.

Por medio de su oficina de prensa, el ministro de Trabajo comentó que su denuncia responde a un usuario inconforme con una decisión de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP). "La demanda por incumplimiento de deberes que se menciona, se origina en que un usuario decidió irse a la vía penal y no a la laboral, acusando asimismo a la Directora Jurídica y a la de la DNP, quienes ya fueron indagadas", indicó.

Por el delito de prevaricato, el cual ocurre cuando se emiten resoluciones contrarias a la ley, son investigados: el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz Cavalline; el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta; Rosendo Pujol Mesalles, ministro de Vivienda; Olga Marta Sánchez Oviedo, ministra de Planificación; y Mauricio Ventura Aragón, ministro de Turismo.

Los otros tres ministros que están bajo investigación son: German Valverde González, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quien tiene dos causas por falsedad en la receptación de bienes y servicios. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, por desobediencia, así como la jerarca de la cartera de Salud, Karen Mayorga Quirós, quien es investigada por de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

"Acerca de posibles denuncias ante el Ministerio Público contra otros miembros del gabinete, es importante recordar que cualquier persona está en su derecho de presentar un reclamo ante ese órgano, que debe valorar la fundamentación de la denuncia y decidir si tiene o no mérito. Una denuncia ante el Ministerio Público de ninguna forma prejuzga acerca de la inocencia y probidad de las personas aludidas", extiende la nota enviada por Presidencia.

La noticia publicada por este medio en horas de la mañana del jueves además expone las investigaciones sobre 10 diputados de la Asamblea Legislativa y 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Usted puede leer la nota completa sobre las investigaciones contra miembros de los Supremos Poderes en este enlace.

Fotografía cortesía de Casa Presidencial.