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SUGEF abrió procedimiento disciplinario a dos funcionarios por prestar servicios a partidos

​Superintendencia señaló que no existe prohibición para esta labor, sin embargo, deben cumplir con normas internas relacionadas con eventual conflicto de intereses

Dos funcionarios de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que también son proveedores de servicios contables de partidos políticos son sujetos de un procedimiento administrativo en la entidad.

Se trata de los supervisores de la Dirección de Supervisión de Empresas Financieras y Cooperativas, Johnny Salazar Quesada y Harlan Bonilla Morera, quienes están sometidos al proceso desde setiembre anterior.

El superintendente de la SUGEF, Javier Cascante, confirmó a AmeliaRueda.com que estas personas están siendo investigadas a lo interno, sin embargo, se reservó los detalles por tratarse de un procedimiento disciplinario.

"Esta Superintendencia, en el ámbito de su competencia y potestad disciplinaria, ordenó desde el mes de setiembre de 2017 la apertura de Procedimientos Administrativos, en los cuales, como procede se deberá determinar la verdad real de los hechos, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Estos se encuentran en proceso y como comprenderá, resulta imposible suministrar ningún tipo de información adicional, en razón de lo previsto en los artículos 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública y 6 de la Ley de Control Interno", señaló el Jerarca mediante correo electrónico.

Este medio dio a conocer este martes que gestiones realizadas por estos dos funcionarios de la SUGEF como proveedores del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) son objeto de análisis por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debido a las dudas que generan los movimientos.

Aunque el Superintendente evitó confirmar que el procedimiento que se lleva en contra de Salazar y Bonilla estén relacionados con este tema, ante la consulta sobre si consideran que se puede dar un conflicto de intereses que dos personas que laboran para la entidad también hagan gestiones en entidades supervisadas a nombre de una agrupación específica, dijo que el tema podría relacionarse con la inquietud.

"Dado que como se le indicó en la respuesta brindada (...), actualmente existen en esta Superintendencia procedimientos administrativos en curso, que podrían tener relación con lo consultado y, dado que en dichos procesos el órgano decisor es el Superintendente, me veo imposibilitado a referirme a aspectos como los consultados, toda vez que los mismos eventualmente puedan ser evaluados en dichos procesos y, que ante cualquier opinión que se emita, se podría tener como un adelanto de criterio del órgano decisor, poniendo en riesgo los resultados del procedimiento como tal", argumentó el Jerarca.

La SUGEF indicó que no existe normativa alguna que les prohíba a sus funcionarios brindar servicios profesionales en horas fuera de la oficina, sin embargo, existe una normativa interna que los obliga a realizar su labor sin afectar o comprometer la labor que realizan.

"Existen normas internas que regulan materia relacionada con conflictos de interés en las funciones de supervisión que realiza la Superintendencia y la conducta de nuestros funcionarios de cara al cumplimiento de dichas normas", complementó Cascante.

Procedimientos realizados por Salazar y Bonilla son estudiados por el TSE debido a las dudas que generan.

Una de ellas consta en documentación de respaldo de la liquidación del segundo trimestre del 2016. Tras una revisión de este medio se pudo constatar que los funcionarios se presentaron el 28 de junio de ese año a la agencia del Banco Popular en Lindora a realizar un depósito en efectivo a la cuenta del PASE por montos de ¢1 millón y ¢1.200.000, respectivamente.

Con pocos minutos de diferencia, en la misma caja y con el mismo agente, los proveedores cambiaron cheques que suman el dinero que previamente había inyectado a las arcas de la agrupación.

Ese dinero fue presentado como parte de la liquidación que el TSE retribuyó al PASE.

El mismo mecanismo se empleó el 2 de octubre del 2015, cuando Salazar deposita ¢3.711.993 a las 10:39 a.m. en la agencia del Banco Popular de Aserrí. El detalle indica "deposita Óscar López PASE". Inmediatamente, el funcionario de la SUGEF cobra tres cheques que deducen ¢1.222.075, ¢776.018 y ¢1.711.993 de la cuenta de la agrupación que suman el monto que en un principio había dejado.

Nuevamente, el trámite se realiza con dinero en efectivo, lo cual impide la trazabilidad del mismo.

El diputado y presidente del PASE, Óscar López, señaló que aunque no recuerda esos casos particulares, ha prestado grandes sumas con recursos propios a la agrupación que lidera, no obstante, al tratarse de efectivo no es posible determinar el origen con certeza.

Información proporcionada por el TSE da cuenta que además del Accesibilidad Sin Exclusión, Salazar le presta servicios profesionales de certificación de gastos a 15 partidos más mientras que Bonilla asesora financieramente a tres.