Tres familias ticas y una panameña están detrás de venta de edificio a Hacienda por $120,7 millones

compraEs la primera vez que sociedad ​dueña del Centro Corporativo El Tobogán (CCET) invierte en el mercado

Tres familias costarricenses y una panameña son las que se encuentran detrás de las venta del Centro Corporativo El Tobogán al Ministerio de Hacienda, edificio que le costaría al país $120,7 millones.

La sociedad anónima Inmobiliara Contempo, dueña del Centro Corporativo El Tobogán (CCET), está integrada por los hermanos Mario, Alfredo y Álvaro Esquivel Volio; los hermanos Jack, Richard y Valerie Loeb Casanova, el costarricense Carlos Mora Moya y los hermanos panameños Samuel, Gabriel y Marta Lewis Navarro.

Según el gerente de general de CCET, Rodolfo Cruz, los panameños son empresarios radicados en ese país y los ticos también son familias de negocios en Costa Rica.

Inmobiliaria Contempo S.A. con cédula jurídica 3-101-650073, fue inscrita en el Registro Nacional el 6 de diciembre de 2012

De acuerdo con Cruz, es la primera vez que esta inmobiliaria incursiona en el mercado y en principio la idea era alquilar el 50 por ciento del edificio y el resto venderlo, sin embargo, la oferta de Hacienda les fue del agrado.

gerente general de ccet, rodolfo cruz

Cruz no precisó el monto exacto de la inversión, no obstante, estima que a la fecha se han invertido más de $65 millones en este edificio, el cual estará listo para abril.

El gerente de la inmobiliaria indicó que desde hace unos dos meses empezaron las negociaciones con Hacienda.

Según Cruz, en un principio la oferta costaba más de los $120,7 millones, pero Hacienda regateó hasta llegar a esa cifra.


GERENTE GENERAL DE CCET, RODOLFO CRUZ

El ministro de Hacienda, Helio Fallas, anunció este viernes el plan de comprar el Centro Corporativo El Tobogán, con la finalidad de eliminar el gasto en alquileres de 13 edificios en San José, cuyo arrendamiento les cuesta anualmente cerca de ¢6.379 millones ($11,7 millones).

Para concretar la transacción, Hacienda solicitó este mes a la Contraloría General de la República (CGR) autorización para poder realizar una compra directa del citado inmueble y así eliminar el gasto en alquileres.

Una investigación realizada por AmeliaRueda.com reveló esta semana que tres familias se reparten una cuarta parte de los ¢1.500 millones que pagan los ministerios mensualmente por alquileres, que el Ministerio de Hacienda consume un 40 por ciento de esos alquileres y que 55 de las personas que conforman sociedades que arriendan inmuebles al gobierno han donado a partidos políticos.