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​Tribunal condena a Industrias Infinito, Estado y Sinac al pago de $6,4 millones por caso Crucitas

​Sanción por el daño ambiental causado por la transnacional en Cutris de San Carlos con el fallido proyecto de minería a cielo abierto. 

Un total de $6,4 millones es lo que deberá de pagar Industrias Infinito, el Estado costarricense y el Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) por los daños ambientales ocasionados en el 2008 en Cutris de San Carlos a causa del fallido proyecto de minería a cielo abierto Crucitas.

Así lo determinó el Tribunal Contencioso Administrativo, instancia que la mañana de este martes dio a conocer la sentencia condenatoria.

El actual diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien estuvo al frente de la apelación del proyecto desde un inicio junto con las organizaciones ecologistas Apreflofas y Frente Norte por la Vida (Unovida) indicó sentirse satisfecho con la resolución.

El conflicto inició en octubre del 2008 después de que el presidente Óscar Arias firmara un decreto que declaró el proyecto “de interés público” y “conveniencia nacional”.

dIPUTADO DEL FRENTE AMPLIO, EDGARDO ARAYA

Los ecologistas apelaron la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo y este, el 24 de noviembre del 2010, anuló el contrato entre el país e Industrias Infinito.

La sentencia fue ratificada en el 2011 por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia anulando el decreto de Arias y obligando a la transnacional a indemnizar al país por los perjuicios causados en el ambiente con la tala de árboles almendro amarillo que están protegidos por ley.

diputado del frente amplio, edgardo araya

Garantía

Araya detalló que la empresa canadiense había dejado de garantía ambiental $600 mil a Setena y que este será ahora un abono a los $6,4 millones a pagar.

En octubre del 2013 Industrias Infinito demandó al Estado al pago de $1.092 millones por el incumplimiento de un contrato de concesión Crucitas, y en el 2014 llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, EE. UU. Las resoluciones, en ambos casos, siguen pendientes.