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TSE: mutuales, cooperativas y asociaciones solidaristas son fuentes legítimas para financiar campaña

Contratos deberán establecer con claridad que información será de acceso sin restricciones para garantizar transparencia

Entidades financieras no bancarias, como las mutuales de ahorro y crédito, las cooperativas y las asociaciones solidaristas, pueden ser fuentes legítimas y transparentes para financiar la campaña electoral de los partidos políticos de cara a los comicios de febrero próximo.

Así lo determinó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la resolución 6791-E8-2017 del 31 de octubre de 2017.

De esta forma el Órgano Electoral pretende dar un soplo de alivio a las agrupaciones que se consideran asfixiadas en la búsqueda de financiamiento electoral.

Este tipo de entidades financieras podrán participar inyectando recursos en la política siempre y cuando su actividad financiera esté bajo supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); es decir debe estar adecuadamente inscrita para tal efecto.

En el caso de las asociaciones solidaristas se permitirá la participación de aquellas que estén autorizadas por ley para realizar intermediación financiera y que cuentan con la autorización previa de la SUGEF para el desarrollo de dicha actividad comercial.

"Dado que tales entidades financieras no bancarias deben cumplir con una serie de requisitos legales para su funcionamiento, están sujetas a los diversos mecanismos de control y fiscalización de la SUGEF. Esta actuación de supervisión reafirma los principios de seguridad, transparencia e integridad del sistema financiero nacional. Por ello, el TSE determinó que las entidades financieras no bancarias son una fuente legítima y transparente de financiamiento para la campaña electoral, que no entra en roces con el Derecho Constitucional, siempre que su actividad de intermediación financiera esté sometida a la vigilancia de la SUGEF y el crédito otorgado esté permitido según las leyes especiales correspondientes", establecieron los magistrados electorales.

La resolución surge a raíz de una consulta realizada por el Partido Acción Ciudadana (PAC) el cual se quejó de dificultades para poder obtener financiamiento.

La agrupación señaló justamente este lunes que su pretensión es no gastar más de ¢1.800 millones provenientes de la deuda política. Estamos en conversaciones con un par de entidades, estamos cerca pero todavía no hemos concretado la ejecución de esos recursos. Esperamos en esta semana poder consolidarlo", manifestó a AmeliaRueda.com el gerente de campaña, Camilo Saldarriaga.

El TSE aclaró que cuando los partidos políticos suscriban el contrato para el financiamiento se deberá consignar que la información o documentación derivada de esa transacción es de "acceso irrestricto para el deber fiscalización de las finanzas partidarias por parte del TSE y, así, asegurar la publicidad y transparencia que rigen esta materia"