Sólo 8 de 36 cantones del Valle Central cuentan con plan regulador completo

#EstadodelaNaciónMarco jurídico disperso ha provocado considerables retrasos en la aprobación y ejecución de los planes reguladores cantonales


Sólo ocho de 36 cantones que conforman el Valle Central tienen un plan regulador completo; 12 tienen un plan regulador a medias y 16 carecen de este instrumento para controlar el desarrollo urbano y rural en sus respectivas jurisdicciones.

Así lo detalla el XXI Informe del Programa Estado de la Nación (PEN) dado a conocer esta semana. El documento dedica su capítulo especial a la metropolización del Valle Central durante los últimos 30 años, período en que el área construida en la GAM se duplicó y el mercado inmobiliario actuó allí donde el Estado dejó de hacerlo.

Clara evidencia de la falta de planificación es que, aunque desde 1968 la Ley de Planificación Urbana solicitó a los municipios la creación de planes reguladores cantonales (PRC), 47 años después únicamente San José, Goicoechea, Moravia, Curridabat, Oreamuno, San Isidro, Valverde Vega y Escazú cuentan con todos los reglamentos requeridos y el estudio de viabilidad ambiental aprobado.

El resto continúa lidiando con un marco jurídico disperso, al cual el PEN responsabiliza de un "considerable retraso en la aprobación y ejecución de los planes reguladores cantonales".

El investigador del Estado de la Nación, Leonardo Merino, considera que las 70 normas y 30 entidades públicas involucradas en el trámite de los planes reguladores superan las capacidades institucionales de las municipalidades.

Tal es el caso de la Municipalidad de Poás, que intenta desde hace 11 años, sin éxito, que se apruebe su plan regulador, pero largos tiempos de espera y criterios técnicos de Setena han generado su rechazo en dos ocasiones, señala el PEN.

INVESTIGADOR PEN, LEONARDO MERINO

Para agilizar y simplificar la revisión y aprobación de los planes reguladores, la administración Solís Rivera publicó el decreto No. 39150-Minae-Mag-Mivah-Plan-Tur, vigente desde el pasado 3 de setiembre.

Éste crea un período de transición de 5 años para que los municipios -no sólo del Valle Central sino de todo el país-, puedan validar sus planes reguladores cumpliendo con requisitos básicos, quedando sujetos de completar la totalidad de los requerimientos.

"Tener ordenamiento territorial con una información básica es mucho más importante para esta administración que no tener nada", dijo la representante del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) ante la comisión interinstitucional proponente del decreto, Daniela Ávila.

Abogada MiVAH, DANIELA Ávila

La funcionaria explicó que este decreto está diseñado para atacar cada una de las trabas que desde el gobierno central dificultan a las municipalidades lograr su cometido, cuidando de no inmiscuirse en las competencias de las alcaldías, las cuales gozan de autonomía.

Uno de los escollos es producto de tres votos de la Sala Constitucional de los años 2002, 2004 y 2012, así como del decreto No. 31.849-Minae-Salud-Mopt-Mag-Meic, del año 2004, que involucraron a dos entidades más –Setena y Senara– en el proceso de aprobación de los planes reguladores y establecieron que deben contar con estudios de viabilidad ambiental e hidrogeológica, antes de su aprobación final y eventual ejecución.

Aunado a estos obstáculos que dificultan la elaboración, trámite y existencia de los planes reguladores cantonales, el Estado de la Nación destaca los conflictos por el uso del suelo ahí donde ya hay planes reguladores.

"Con frecuencia las regulaciones entran en contradicción con los intereses de los propietarios de los terrenos, especialmente cuando estos quieren usar el espacio de un modo distinto al que establece el plan regulador", concluye.

Por ejemplo, la Municipalidad de Goicoechea ha enfrentado disputas con habitantes del cantón que desean mantener locales comerciales en propiedades que se ubican en zonas permitidas para ese usos hasta que se aprobó el plan regulador, así como dueños opuestos a que sus lotes se conviertan en espacios públicos, como lo establece la herramienta de planificación.