Viceministro acepta que él y equipo legal redactaron proyecto para sancionar medios

plan​Ministra de Ciencia y Tecnología afirma que asume el costo político

El viceministro de Ciencia y Tecnología, Allan Ruiz, aceptó este martes que el proyecto de ley para sancionar medios de comunicación fue elaborado por él y un equipo de 23 abogados de la institución.

Ruiz reconoció que él y el equipo legal hicieron una actualización del régimen sancionatorio de la ley de radio para incluirla en el borrador del proyecto de ley, con el fin de que fuera discutida.

AmeliaRueda.com solicitó la lista de los 23 abogados que elaboraron el primer borrador del proyecto de ley, pero la encargada de prensa del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micit), María Antonieta Corrales, dijo que la enviarán entre este martes y el miércoles.

El Viceministro explicó que el régimen de sanciones y penas propuesto en el primer borrador se hizo para atender una orden de la Contraloría Gerenal de la República, que obliga a actualizar esa legislación.

Ruiz destacó que también se incluyeron cambios en otros temas como el uso del espectro de radio y las frecuencias.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gísela Kopper, rechazó el régimen de sanciones que propuso su propio Viceministro y el grupo de 23 abogados de la institución.

Insistió que fue un elemento más de la discusión y que será eliminado del segundo borrador del proyecto que se repartirá esta misma semana.

Kopper no pudo decir ningún nombre de los abogados que participaron en la elaboración de la ley tras una consulta de prensa y dijo que aceptaba el precio político que generó esta discusión en el país.

El apartado de sanciones de la iniciativa establece multas de entre ¢4 y ¢40 millones para los medios que comentan faltas graves contempladas dentro de la ley.

El Micit tiene desde diciembre en consulta pública el borrador del proyecto de ley de radiodifusión que plantea -entre otras cosas- el cierre de medios de comunicación que publiquen dos noticias que sean mentira en un mismo año.

También se exponen a esa sanción los medios que publiquen palabras "vulgares" o frases "contrarias a las buenas costumbres". Esas faltas serían determinadas por un grupo de asesores nombrados a dedo político.