Villalta lleva a juicio a Incopesca por "omisiones" en explotación atunera

La regulación y protección del recurso atunero por parte del Estado costarricense será el foco de atención este miércoles cuando inicie el juicio contra el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca) producto de una demanda interpuesta por el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta.

El Tribunal Contencioso Administrativo conocerá el reclamo del legislador quien considera que existen omisiones y actuaciones ilegales por parte de las autoridades gubernamentales en este manejo de vida marina.

Villalta señaló que existen diferencias sustanciales entre lo que cobra el país por cánones de licencias de pesca y la ganancia que obtienen los pesqueros que se dedican a la explotación de atún.

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De acuerdo con un estudio de la Federación Costarricense de Pesca (FECOP), entre el 2008 y 2011 Costa Rica percibió pagos por aprovechamiento del recurso atunero por un monto de $37 por tonelada extraída. En el mercado internacional, cada una de esas toneladas que se procesa como producto enlatado tiene un precio de $2.800, mientras que fresco puede costar hasta $10 mil marcando una diferencia sustancial.

El legislador también reclama la carencia de estudios técnicos para dirigir la regulación de licencias.

Las pretensiones de Villalta es que se declaren nulas las normas ilegales o desactualizadas en la materia, ordenar al Incopesca cumplir con el artículo 49 de la Ley de Pesca para la fijación de cánones, obligar a las instituciones correspondientes a realizar estudios técnicos periódicos e iniciar los procedimientos sancionatorios que se consideren oportunos.

"Es obligación del Estado proteger la soberanía de nuestros mares y velar por la explotación sostenible de los recursos naturales en beneficio de las y los habitantes del país. La falta de normativa eficiente y la incompetencia de los gobiernos ha tenido como resultado el regalo de la riqueza atunera del país a embarcaciones extranjeras", manifestó el congresista.

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Desde el 2013 hay un proyecto de ley en corriente legislativa para actualizar los cánones por licencias y dar prioridad a la explotación del recurso por parte de nacionales.

Fotografía con fines ilustrativos.