Villalta pide a Alvarado y a garantes éticos pronunciarse sobre supuesto tráfico de influencias de ministra Camacho

señalamiento​Legislador acusa a jerarca de recomendar una exoneración de impuestos en plan fiscal que beneficiaría a empresa de su esposo

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, envió una nota al presidente Carlos Alvarado para que él y sus garante éticos asuman una postura clara con el caso de la ministra coordinadora del Sector Económico, Edna Camacho Mejía, señalada por tráfico de influencias.

El legislador explicó este lunes en el programa Nuestra Voz que el gobierno no puede quedarse callado con este tema, pues le podría pasar lo mismo que al expresidente Luis Guillermo Solís con el caso del cemento chino.

"Ustedes recordarán que cuando empezaron a salir las denuncias del cementzo la posición del Gobierno fue de decir 'aquí no ha pasado nada, está todo bien'... y no fue hasta que el escándalo les estalló en la cara que empezaron a tomar medidas... el gobierno de Alvarado está empezando, tiene que definir una posición y marcar la cancha", enfatizó.

Villalta denunció en el plenario de la Asamblea Legislativa a Camacho, basado en una publicación del Diario Extra, por recomendar exonerar del pago de renta las ganancias de capital provenientes de las operaciones en bolsa, esto, según el diputado, beneficiaría los intereses del esposo de la ministra, Javier Chaves Bolaños, presidente del Grupo Aldesa, una de las instituciones con los puestos de bolsa más grandes del país.

Camacho hizo la sugerencia a la comisión de diputados del cuatrenio anterior encargada de analizar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocido como plan fiscal) cuando ya tenia conocimiento de que sería designada como ministra.

El frenteamplista manifestó que de ser necesario llevará el caso al Ministerio Público y a la Procuradoría de la Ética Pública, pero antes espera una respuesta del presidente y de sus garantes éticos anunciados en campaña: los exdiputados Rodrigo Alberto Carazo y Margarita Penón, el exmagistrado de la Sala de Casación Penal, José Manuel Arroyo y el fundador del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís. Sin embargo, este último dijo el viernes pasado que ya no cumpliría con esa función debido a que será representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, lo que le impide pronunciarse sobre temas de política nacional.

Este martes, luego del Consejo de Gobierno, AmeliaRueda.com le consultó al ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, sobre el caso de Camacho, este respondió que el presidente la respalda y que ella daría las explicaciones de forma oportuna.

En un articulo de opinión publicado la noche del martes en el medio Delfino.cr, Camacho argumentó que su recomendación fue técnica y que rechazaba los ataques personales en su contra.

"Ese impuesto no lo paga la Bolsa, ni lo pagan los puestos de bolsa: lo pagarían los inversionistas y/o emisores. Si eso ocurriera, éstos se irían a invertir en otros países o, para que no lo hagan, el gobierno tendría que subir las tasas de interés", fundamentó su recomendación de la exoneración del tributo.

Añadió: "El 92% de las transacciones realizadas en la Bolsa de Valores corresponden a bonos del Gobierno. Es decir, que el principal afectado por el impuesto a las ganancias de capital de los bonos transados en la Bolsa sería el Sector Público".

Criterio de expertos

En el programa radiofónico se consultó el criterio de expertos sobre la sugerencia de Camacho.

José Rafael Brenes, gerente general de la Bolsa de Valores, calificó como positiva la propuesta de la ministra, pues podría atraer inversionistas más grandes a la bolsa.

Por el contrario, el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, difiere de la propuesta, pues cuestiona que la exoneración impulse el mercado bursatil; además señaló que esta requiere de una revisión técnica.

Rodríguez añadió que si existía un conflicto de intereses había que "transparentarlo"; es decir que Camacho debió manifestar expresamente su situación personal y política antes de recomendar la eliminación del impuesto.