El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) condenó la noche de este 22 de octubre la aprobación en segundo debate de un proyecto de ley que reactiva la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica, por considerar que carece de sustento científico.

Mediante un comunicado, la titular del ramo, Andrea Meza, criticó la falta de bases técnicas para revivir una actividad que afectará los ecosistemas marinos nacionales, en el tanto que consiste en barrer con una red el fondo del océano, y extraer todo lo que en ella caiga.

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"Respetamos la decisión del Poder Legislativo, pero lamentamos la ausencia de un sustento científico robusto para autorizar una actividad que pondrá en riesgo la biodiversidad marina y limita la oportunidad de una recuperación económica sostenible a los pescadores artesanales", indicó la jerarca en la nota de prensa. Este medio intentó profundizar con la ministra al llamarla a su teléfono celular; sin embargo, se indicó que se encontraba atendiendo una situación familiar, y que podría referirse hasta el 23 de octubre.

La institución negó que este arte pesquero permita el desarrollo económico en las zonas costeras, como lo señalan algunos de los defensores de la iniciativa, aprobada este 22 de octubre con 28 votos a favor y 18 en contra. Lo anterior porque la técnica generará mayor presión en ecosistemas y recursos ya sobreexplotados, o en especies en peligro de extinción, al tratarse de una técnica poco selectiva.

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El plan en cuestión, el cual se tramitó en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 21.478, ordena al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a realizar investigaciones necesarias para demostrar la sostenibilidad de la pesca de arrastre en máximo un año; plazo que podría ser insuficiente, a criterio de algunos biólogos.

Promotores del proyecto, como Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional (PRN), o Carmen Chan, del bloque independiente Nueva República, justificaron su apoyo en un estudio del 2019 de Instituto de Pesca, el cual indica que con redes más modernas, se podría reducir el daño colateral.

Dicho documento, sin embargo, tiene deficiencias señaladas por biólogos de las universidades de Costa Rica (UCR) y Nacional de Costa Rica (UNA), en el tanto que la investigación se realizó por tres meses y solamente en el Golfo de Nicoya, pese a que la propuesta avalar la actividad en todo el litoral.

Hasta el momento, además, se desconocen datos básicos como, por ejemplo, cuánto camarón hay en el Pacífico de Costa Rica. Esta información a su vez es necesaria para saber cuántas licencias de pesca se pueden otorgar sin afectar a la especie de forma grave.

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Esos vacíos científicos los tendrá que llenar el Instituto de Pesca con el estudio que le encomienda el Congreso, a partir de una resolución de la Sala Constitucional del 22 de julio, en el que se determinó que de Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón "no contiene vicios".

Para ello la entidad tendrá un plazo de "un año impostergable", a pesar de que - a criterio del investigador Ingo Wehrtmann, de la Universidad de Costa Rica- "lo científicamente aceptado sería un estudio de dos años para tener también diferentes estaciones: época lluviosa y seca. Lo ideal sería muestreo de dos años y otro medio año para análisis de datos".

También, el académico cuestionó que los estudios recaigan sobre el Instituto de Pesca, en el tanto que ahí podrían existir conflictos de intereses.

Una auditoría interna de la institución, por ejemplo, encontró que la entidad realizó una estudio del año pasado con pocos controles internos e incumpliendo la normativa vigente.

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La pesca de arrastre llevó a una disminución importante en las poblaciones de camarón. Mientras en 1970, Costa Rica reportó una captura de 5.000 kilogramos de camarón, para el 2006, esta cifra fue de 1.100 kilogramos, según datos del Instituto de Pesca.

Otro de los impactos de este arte pesquero es la captura incidental. En 2017, un estudio de esa entidad reveló que por kilogramo de camarón blanco, se extraen 44 kilogramos de otros organismos.

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Debido a esto, pescadores artesanales de Guanacaste y Puntarenas se manifestaron el 19 de octubre en el Congreso en rechazo a la técnica.

La Sala Constitucional suspendió en 2013 la emisión de nuevas licencias de pesca de arrastre, hasta que hubiera estudios sobre su impacto. En 2017, comenzaron a vencer las últimas licencias y actualmente no hay barcos activos. En el último año, sin actividad de camaroneros, las capturas artesanales han mejorado un 25%, según datos de la Cámara de Pescadores de Guanacaste.

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