A finales del 2018, Chile y Costa Rica celebraban la adopción del Acuerdo de Escazú, un tratado que, por primera vez, otorgaría protección especial a los defensores del ambiente en América Latina. Ambos países pidieron su pronta entrada en vigor.

Dos años después, el panorama internacional es distinto: ni Costa Rica ni Chile ratificaron el acuerdo. El tratado aún no entra en vigencia porque sólo diez países —de los 11 necesarios para activarlo— han ratificado.

A diferencia de Chile, Costa Rica sí firmó el acuerdo, pero la Asamblea Legislativa aún no lo ratifica. El Poder Legislativo lo votó afirmativamente en primer debate en febrero, pero, a raíz de un vicio en el procedimiento, la Sala obligó a repetir la votación.

El caso de Chile es todavía más crítico: el país rechazó unirse al Acuerdo de Escazú a falta de unos días para que venza el plazo de firmas (26 de septiembre). Esto los dejaría por fuera del acuerdo, a menos que este se modifique.

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La posición de ambos países envía una señal “peligrosa”, según dijo el profesor en Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolás Boeglin. Si ambos hubieran ratificado, ya el tratado estaría vigente, señaló.

“Hay un daño que le está causando a otros estados, donde hay sectores muy fuertes y donde hay un poder legislativo dividido, el hecho de que los principales impulsores de ese texto no estén entre los primeros en ratificar”, aseguró el abogado.

Por su parte, el abogado ambiental Álvaro Sagot indicó que el atraso pone “en entredicho” la posición ambiental de Costa Rica. “Nos hace parecer, en un discurso internacional, con doble cara”, señaló.

La sociedad civil espera “que se pueda tramitar rápido”, ya que América Latina es una región “violenta” hacia los ambientalistas, dijo Irene Murillo, directora del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena).

De todos los asesinatos a ambientalistas en el mundo, dos tercios ocurrieron en Latinoamérica, según un informe de la organización Global Witness. Colombia es el país más hostil, con 64 asesinatos.

En Costa Rica, este informe contabiliza un asesinato en 2019: el de Sergio Rojas, defensor de las tierras indígenas. La Relatoría de Derechos Humanos de la ONU expresó “grave preocupación” por la impunidad del asesinato de Rojas. Aún así, los fiscales pidieron desestimar el caso este 24 de septiembre.

¿Qué dice el acuerdo?

El Acuerdo de Escazú actúa en tres ejes: participación ciudadana en proyectos ambientales, acceso a la información ambiental y acceso a la justicia para los protectores del medio ambiente.

“Hay muchos tratados en materia ambiental y muchos tratados en derechos humanos, pero que no se hablan entre ellos. El Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo en que se busca implementar los derechos de las personas en la defensa del ambiente”, dijo Boeglin.

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El derecho a la participación es particularmente importante en Costa Rica, dijo Sagot. Esto debido a que la Sala Constitucional ha sentado precedentes en los que no protegió ese aspecto.

En 2017, la comunidad de Sardinal interpuso un recurso de amparo contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Ellos reclamaron que no tuvieron participación en la creación de un acueducto que sacaría agua de su acuífero.

“La Sala Constitucional dijo que no había derecho de participación y declara sin lugar el amparo y no consideró otros aspectos de fondo”, señaló Sagot.

La protección a los ambientalistas es otro aspecto innovador del acuerdo, explicó Boeglin. “El acuerdo busca una protección extendida a quienes desde sus comunidades defienden el ambiente, el agua y las comunidades indígenas”, señaló.

El pasado 24 de septiembre Argentina se convirtió en el décimo y más reciente país en ratificar el acuerdo. Otros países de Centroamérica como Panamá y Nicaragua ya lo han ratificado, dejando a Costa Rica por detrás entre los países del istmo.

Atraso

La Asamblea Legislativa aprobó la ratificación del Acuerdo de Escazú en febrero de este año pero, antes del segundo debate, la Sala Constitucional encontró un vicio en el proceso: no se le consultó al Poder Judicial.

“No se había hecho esa consulta, al ser una normativa que potencialmente podría afectar la organización y funcionamiento del Poder Judicial”, explicó Murillo.

Tras la consulta, la Corte Suprema de Justicia emitió un criterio en el que consideró que efectivamente el acuerdo afectaría el funcionamiento del Poder Judicial. Ellos pidieron aclarar principalmente temas de financiamiento.

“(El Acuerdo) exige un replanteamiento de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación institucionales con el objetivo de fortalecer las actividades de capacitación asociadas a la materia ambiental”, señaló la Corte en ese informe.

“Podría lograrse con una reorganización de los recursos, o bien y de ser estrictamente necesario conforme a la situación financiera del país, a valorar la asignación de más recursos presupuestarios”, apuntaron los jueces.

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Esta fue una posición “mezquina”, según dijo Sagot. “Que por un asunto presupuestario estemos negando el acceso a participar en algo que nos beneficiaría a esta y futuras generaciones, me parece, es mezquino”.

“Ningún acuerdo, a final de cuentas, cuando lo ratificamos tiene este tipo de lineamientos. Eso será en los presupuestos de las diferentes instituciones que se harán los acomodos”, explicó el abogado.

Ahora, los diputados deberán volver a votar el acuerdo en primer debate y elegir si atienden el criterio del Poder Judicial o si lo ignoran y continúan la votación, explicó Murillo.

“La aprobación del acuerdo no va a implicar que para el día siguiente tenga que estar todo en conformidad con los estándares. Es un proceso. En el caso de Costa Rica, incluso, es un proceso que ya se inició”, explicó la abogada.

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