El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- entrará en vigencia este 22 de abril sin la ratificación de Costa Rica, uno de sus promotores.

Dicho tratado propone, por primera vez, otorgar protección especial a los defensores del ambiente en la región y dar acceso a la participación ciudadana en proyectos ambientales.

A pesar de que el país sirvió de cuna para la adopción del pacto, además de que junto a Chile dirigió sus negociaciones e incluso la vicepresidenta Epsy Campbell Barr lo firmó el 27 de setiembre de 2018, la Asamblea Legislativa cerró su sesión este 21 de abril sin siquiera entrar a discutir el primero de dos debates para su ratificación y los diputados volverán a sesionar hasta el 26 de abril.

En su artículo 7, la Constitución Política atribuye a los diputados la potestad de avalar los acuerdos internacionales. Esto debe hacerse en dos votaciones y, la definitiva, deberá realizarse -según la regla impuesta por la Sala Constitucional- con al menos 38 votos favorables, ya que en el caso particular, la Corte Plena acordó que la iniciativa en cuestión afecta su organización y funcionamiento.

Ahora bien, el tratado en cuestión -al que se le asignó expediente 21.245- fue aprobado el 13 de febrero anterior en primer debate, pero la Sala Constitucional ordenó repetir la votación por un vicio de procedimiento: no se le tomó criterio a la Corte Suprema de Justicia. A su regreso al Parlamento, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad dictaminó que el proyecto de ley debía discutirse desde cero en el Plenario.

Pero para que esto sucediera, la iniciativa primero debía ser convocada por el Gobierno de la República, toda vez que este tiene el control de la agenda legislativa hasta el 31 de julio.

Esta situación ocurrió hasta el 12 de abril pasado, dado que el Ejecutivo dio prioridad a la discusión del plan Marco de Empleo Público. Sin embargo, la agenda avalada por los jefes de las fracciones que conforman la Asamblea dejó de lado el pacto al punto que, ni siquiera cuando el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) propuso darle prioridad en el orden de este 21 de abril, este fue objeto de discusión.

Consultado por AmeliaRueda.com, el líder de la bancada de la agrupación de gobierno, Enrique Sánchez Carballo, explicó que de no abrirse un espacio para la propuesta este 22 de abril, el conocimiento del tratado quedará para la otra semana. El diputado además mencionó que hasta la fecha existe el riesgo de que el pacto no sea aprobado.

De hecho, este 21 de abril la fracción -conformada por nueve congresistas- del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que por unanimidad votará en contra del Acuerdo de Escazú ya que, desde su perspectiva, este tiene "roces constitucionales y varias contradicciones con la legislación nacional".

"Nos preocupa enormemente las implicaciones negativas que el Acuerdo de Escazú generaría al sector productivo y a la generación de empleo, en momentos donde se necesitan acciones concretas para dinamizar la economía.

"Desde el Primer Poder de la República somos conscientes de la necesidad de cooperar con organismos multilaterales en la búsqueda de acciones que protejan el ambiente, como los que ya dispone nuestro país. Ante la situación socioeconómica que vivimos, tenemos la responsabilidad de garantizar legislación que tenga un impacto positivo en la atracción de inversión, que impulse al sector productivo y genere nuevas fuentes empleo a los costarricenses", indicaron en una nota de prensa.

En mismo sentido se pronunció el bloque independiente de Nueva República, integrado por seis parlamentarios.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también se pronunció en contra del tratado por considerar que afecta la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica.

¿Qué dice el acuerdo?

El Acuerdo de Escazú actúa en tres ejes: participación ciudadana en proyectos ambientales, acceso a la información ambiental y acceso a la justicia para los protectores del medio ambiente.

"Hay muchos tratados en materia ambiental y muchos tratados en derechos humanos, pero que no se hablan entre ellos. El Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo en que se busca implementar los derechos de las personas en la defensa del ambiente", señaló a este medio el profesor en Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolás Boeglin Naumovic, el 25 de setiembre pasado.

El derecho a la participación es particularmente importante en Costa Rica, destacó en esa misma ocasión el abogado ambiental Álvaro Sagot Rodríguez. Lo anterior debido a que la Sala Constitucional ha sentado precedentes en los que no protegió ese aspecto.

Un ejemplo de ello es que en 2017, la comunidad de Sardinal de Carrillo interpuso un recurso de amparo contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Reclamaron que no tuvieron participación en la creación de un acueducto que sacaría agua de su acuífero. "La Sala Constitucional dijo que no había derecho de participación y declara sin lugar el amparo y no consideró otros aspectos de fondo", señaló el jurista.

La protección a los ambientalistas es otro aspecto innovador del acuerdo. "El acuerdo busca una protección extendida a quienes desde sus comunidades defienden el ambiente, el agua y las comunidades indígenas", destacó por su lado Boeglin Naumovic,.

El pacto adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, San José, entrará en vigencia en un encuentro que será inaugurado a las 10:00 a.m. (hora costarricense) del 22 de abril, en el que se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. Los estados miembro del acuerdo son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía así como Uruguay.

Lea: Acuerdo de Escazú: Costa Rica cumple dos años sin ratificar su propio tratado ambiental

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