En 21 cárceles del país se bloqueará señal celular a partir de diciembre, según Justicia

Un nuevo sistema de inhibición de señal impedirá a partir de diciembre realizar llamadas, enviar mensajes y acceder a internet desde celulares en 21 centros penales del país, anunció este 23 de octubre el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

El proyecto se echó a andar en la primera semana de octubre con un grupo de cárceles cuya cantidad y nombres fueron reservados por motivos de seguridad, explicó la titular del ramo, Fiorella Salazar. La ministra únicamente indicó que se tiene bloqueada la señala en "una cuarta parte" de los sitios penitenciarios.

La jerarca dijo que desde la implementación, el sistema realizó 435 bloqueos. Estos los efectúa el sistema en el momento en que se hace una llamada, se envía un mensaje o se hace algún tipo de transferencia de datos móviles, tanto entrantes como salientes. Las inhibitorias de conexión, sin embargo, no permiten identificar a la persona que intentó hacerla.

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Salazar insistió en que la cartera no incurrió en ningún gasto, ya que el costo del sistema recayó sobre los operadores telefónicos: kölbi, Claro y Movistar. El 29 de agosto del 2019, las empresas estimaron, ante la consulta de AmeliaRueda.com, que la inversión oscilaría los $20 millones. El nombre de la compañía a la que se le encomendó la instalación del sistema es confidencial.

La ministra afirmó que como parte de la implementación se procuró un perímetro lo más preciso posible, para evitar la afectación a usuarios fuera de los penales.

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A lo interno, además, la institución dijo tener asegurada la comunicación interna de los funcionarios de la Policía Penitenciaria, a través de teléfonos fijos, así como de los privados de libertad, mediante teléfonos públicos que alertan a quien recibe la llamada del lugar desde el cual esta se efectúa. Sin precisar datos, Salazar aseveró que en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se han reparado teléfonos públicos dañados y se han instalado otros para cumplir con la demanda.

El bloqueo de señal celular en centros penitenciarios se dispuso a través de una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, cuyo Reglamento, publicado el 11 de julio de 2019 en el diario oficial La Gaceta, ordenaba a Justicia hacer la implementación en los nueve meses siguientes.

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Sin embargo, el cierre de fronteras decretado por el Gobierno de la República, así como restricción vehicular sanitaria, obligaron a aplazar la entrada en funcionamiento del sistema de abril a octubre. De hecho, aún está pendiente que un grupo de expertos internacionales arribe al territorio nacional para certificar el funcionamiento del sistema.

Las razones que llevaron a restringir la conexión telefónica en las cárceles es porque desde esos sitios operaban centros de llamadas que contactan a ciudadanos, haciéndose pasar por funcionarios públicos o de empresas privadas, para obtener datos sensibles o realizar estafas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vinculó a los penales 1.770 fraudes telefónicos cometidos en 2019; cifra que se mantiene al alza en 2020, ya que hasta octubre se han registrado 2.184 llamadas de este tipo.

Entre 2015 y 2019, la Policía Penitenciaria decomisó en promedio 3.215 celulares anuales en centros institucionales. Esa cifra se desplomó en 2020, con la suspensión de visitas a las cárceles con motivo de la pandemia de la enfermedad respiratoria.