La ex fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla aseguró que la ex fiscala general Emilia Navas Aparicio patrocinó a un testigo para mentir en un juicio seguido en contra de la primera. Así lo denunció en una carta dirigida al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán.

En el documento al que AmeliaRueda.com tuvo acceso, Smith Bonilla le atribuyó a su exjefa una supuesta persecución administrativa y penal en su contra al tiempo que criticó con dureza su gestión así como la queja que esta planteó ante García-Sayán, al considerar que Navas Aparicio es responsable de un debilitamiento de la imagen del Ministerio Público.

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Consultada por este medio, la última de las exfuncionarias indicó que no haría comentarios "por respeto al proceso ante las Naciones Unidas", por una aparente violación a la independencia de la Fiscalía atribuida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, y a otros magistrados.

Smith Bonilla señala en su declaración:

"Es imperativo reiterar por la gravedad que conlleva lo actuado, que de manera sistemática sufrí filtración, por parte de funcionarios directamente supervisados por Emilia Navas Aparicio, destacados en la propia Fiscalía General, hacia medios de comunicación, de piezas de expedientes administrativos y judiciales de la suscrita, con la única finalidad según puedo concluir, de mediatizar los asuntos de los cuales mi persona fue investigada por la exfiscala general Navas Aparicio, exponiendo en los medios de comunicación datos íntimos privados sobre mi salud mental, en la persecución penal llegando a lo impensable, como patrocinar por parte de la fiscal general a una testigo a la que incluso un tribunal penal de la República le testimonió piezas por falso testimonio y que aún siendo evidenciada en su falsedad, Emilia Navas públicamente indicó "que le constaba que dicha testigo decía la verdad", de forma tal que una testigo que mintió de forma reiterada (incluso confrontada con prueba documental) recibió el respaldo de la exfiscala general, quien se negó a investigarla pese a lo ordenado por el tribunal penal de la República y a la abundante prueba que respaldaba esa decisión".

El caso al que hace referencia Smith Bonilla se remonta febrero y marzo del presente año, cuando la exfiscala subrogante afrontó un debate oral y público por presunto tráfico de influencias en favor del alcalde de San José, Johnny Araya Monge. En ese juicio también se acusaba de ese delito al exmagistrado y exsubjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez.

A Smith Bonilla y a Gamboa Sánchez la Unidad Especializada de la Fiscalía General -entonces a cargo de Navas Aparicio- les achacaban haber presionado a subalternos para sacar a Araya Monge de una causa penal y que de esta manera se pudiera presentar ante la opinión pública como candidato a gobernador de la capital sin investigaciones para las elecciones municipales de 2016.

Sin embargo, el 24 de marzo anterior, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que tiene su sede en Goicoechea, absolvió por duda a los tres encartados.

Una de las principales razones por los que los jueces Ivannia Delgado Calderón, Adriana Tenorio Jara y Roy Jiménez Mata llegaron a esa conclusión fue porque determinaron que la fiscala instructora del caso del que se excluyó al alcalde, Natalia Rojas Méndez, mintió para salvaguardar los retrasos que tenía en esa sumaria y para justificar su decisión de eliminar al gobernante local del Sistema de Gestión del Ministerio Público, cuando se le había pedido actualizarlo.

Por lo anterior, ordenaron al Ministerio Público investigarla por posible falso testimonio; situación que hasta la fecha se ha descartado toda vez que la resolución fue apelada.

Emilia Navas

El órgano jurisdiccional señaló en su resolución 175-2021 que el Ministerio Público optó por no realizar una investigación completa de los hechos y que esta decisión estuvo "desprovista de objetividad", uno de los principios básicos de la función de esa institución.

"Fijar una única teoría del caso en fase investigativa tiene un riesgo para la democracia. El ente fiscal está en la obligación de agotar todas las tesis posibles, incluso aquellas que puedan beneficiar a las personas investigadas", indicaron los decisores.

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Smith Bonilla además recalcó en su nota los cuestionamientos alrededor de las inhibitorias de Navas Aparicio por su relación sentimental con el abogado litigante Francisco Campos Aguilar, así como por supuestas filtraciones de información y y presunta "violencia moral y patrimonial" al revocarle su nombramiento en el Ministerio Público y solicitar una medida cautelar de suspensión de la jubilación.

Navas Aparicio mencionó que también se abstenía a comentar para este artículo porque desconocía el documento enviado por Smith Bonilla a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas -aún cuando fue leído el 6 de setiembre en la sesión de Corte Plena- y porque la exfiscala subrogante "es imputada en un proceso de investigación penal que se encuentra en apelación y aunque hoy no soy fiscala general no voy a referirme a sus manifestaciones".

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