33 diputados aprueban trasladar ¢162 millones "a dedo" para Obras del Espíritu Santo

La asociación religiosa Obras del Espíritu Santo —que atiende a niños, niñas, adolescentes y adultos en condición de riesgo social— recibirá ¢162 millones adicionales del Estado, por mandato directo de los diputados de la Asamblea Legislativa, sin concurso previo por dichos recursos.

Así lo aprobaron los legisladores en primero de dos debates, este martes 30 de junio, en una extensa sesión del Plenario legislativo.

Los legisladores dieron visto bueno al expediente 21.423, que propone trasladarle a la asociación recursos que la Junta de Protección Social (JPS) acumuló desde 2009 para la Casa Hogar Tía Tere, una entidad pública no estatal que ya no existe jurídicamente.

El texto se aprobó en primer debate con el apoyo de 33 legisladores de todas las fracciones y el rechazo de solo siete congresistas presentes; quienes alegaron que Obras del Espíritu Santo ya recibe "cuantiosos" recursos del Estado, que se trata de una asociación que condiciona su labor social a prácticas religiosas, que pide ceder derechos de imagen a menores de edad y que además se encuentra morosa con el sector público.

Específicamente, votaron en contra la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León; el diputado del Frente Amplio, José María Villalta; y los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, Carolina Hidalgo, Nielsen Pérez, Laura Guido y Paola Vega.

Precisamente Vega fue la única diputada que expuso objeciones contra el proyecto en la Comisión de Asuntos Económicos, de la que es parte. Allí, la legisladora presentó un dictamen negativo de minoría, recomendando rechazar el expediente.

Esta tarde, antes de la votación, Vega afirmó que la comisión ignoró criterios técnicos y reclamó que no se haya comprobado que la entidad cumplía con los requerimientos mínimos para recibir los recursos. Además, señaló que Obras del Espíritu Santo sostiene deudas con la Municipalidad de San José, las cuales ascendían a más de ¢130 millones, a noviembre de 2019.

En esa línea, la legisladora indicó que intentará llevar el proyecto a consulta de la Sala Constitucional, pues considera que es ilegal brindar recursos a una institución con deudas pendientes al fisco. “Ninguna entidad que tenga deudas pendientes con alguna entidad pública puede ser beneficiarios de transferencias o donaciones”, subrayó.

Vega enfatizó que el mismo departamento de Servicios Técnicos del Congreso alertó sobre posibles irregularidades en la gestión de recursos por parte de Obras del Espíritu Santo y que su despacho ha recibido denuncias de beneficiarios de esa organización, en las cuales afirman que la ayuda social se condiciona a la firma de consentimientos informados para utilizar la imagen de menores de edad en campañas y para obligar su asistencia a actividades religiosas.

Los alegatos de Vega fueron respaldados por diputados de su fracción y por el frenteamplista Villalta; y no tuvieron respuesta por parte del resto de los congresistas.

El texto había sido presentado con el respaldo de 21 diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Partido Liberación Nacional (PLN), del Republicano Social Cristiano (PRSC), de Restauración Nacional (PRN), del bloque Nueva República y del oficialista Víctor Morales, del PAC. Además, se sumaron algunos independientes adicionales.

El padre Sergio Valverde, que preside la asociación, sostiene una buena relación con una gran cantidad de diputados; e incluso ha oficiado actos religiosos en el Congreso, incluidas misas y celebraciones de fin de año.

Repartición injusta

Otro que criticó la intención de trasladar estos recursos fue el frenteamplista José María Villalta, quien señaló que la práctica además le parecía injusta con otras asociaciones, pues implicaría realizar una asignación de recursos "a dedo", sin tomar en cuenta a otras entidades que podrían necesitar aún más los recursos.

"No es el camino correcto aprobar leyes para tomar recursos de una institución como la JPS y asignárselos a una asociación privada en particular, más cuando ya es una institución que recibe cuantiosos recursos públicos (...) Una asociación de San José, que tiene patrocinios poderosos y exposición pública y mediática, puede gestionar recursos más ampliamente que una de Upala, de Corredores o de Talamanca”, subrayó.

Argumentos similares expuso la oficialista Laura Guido, quien señaló que la oposición no se relaciona directamente con la asociación OES, sino con la forma en que se le otorgarían estos recursos sin un procedimiento previo que garantice su idoneidad.

En esa línea, la diputada Vega cuestionó que se estaría girando una cantidad de recursos incluso más grande que la que se traslada por concepto de lotería a muchos de los programas de alcance nacional cobijados por las utilidades de la JPS, como los de atención de explotación sexual o a la fármaco-dependencia. También señaló que el monto supera exponencialmente los recursos que se brindan a entidades como el Viceministerio de Juventud.

Obras del Espíritu Santo ya recibe transferencias por más de ¢250 millones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y de la propia JPS y, según sus propios cálculos, atiende a 100.000 personas con un presupuesto anual de ¢2.700 millones. De los beneficiarios totales, dicen, un 70% son niños.

Esta tarde, la diputada Vega afirmó que contabilizaba ocho firmas para presentar una posible consulta de constitucionalidad sobre el proyecto, a fin de determinar si su aprobación implicaría violaciones legales. No obstante, para presentar este tipo de consultas se requiere del visto bueno de al menos 10 legisladores.