​El 40% de las sucursales del BCR cerrarían ante privatización, estima gerente

La privatización del Banco de Costa Rica (BCR) irremediablemente llevaría al cierre de sucursales en zonas rurales del país que operan no con afán lucrativo o comercial, sino con vocación de servicio social. Así lo advirtió este martes el gerente general de la entidad, Douglas Soto León, en una comparecencia en el Congreso.

En una audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, Soto explicó que "muchas" de las 163 oficinas que tiene el banco en todo el país "no son rentables", sino que "están para un servicio a la ciudadanía, porque puede ser que sea el único punto en esa área rural que tenga el banco".

Pese a que entre el BCR y el Banco Nacional han "diversificado" la oferta y se han repartido puntos lejanos del país para instalar sucursales, el gerente general de la entidad entiende que una empresa privada comercial tiene el afán de generar beneficios, por lo que no tendría incentivo para sostener oficinas no rentables.

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"Muchas de esas oficinas tendrían que ser cerradas", dijo Soto ante los diputados. Posteriormente, ante consultas de AmeliaRueda.com, el alto funcionario explicó que en torno al 40% de las sucursales del BCR están en zonas rurales; es decir, a su juicio hay unas 65 oficinas en jaque con la potencial privatización de la entidad.

"En caso de que el banco se privatizara, no va a tener tantas oficinas como las que tiene hoy, porque tiene un sentido más social", afirmó Soto. "Al privatizarse, va a tener un sentido más de utilidad, que este no es en este momento el fin del banco", añadió.

¿Habría despidos?

Pese a que la iniciativa para vender el BCR establece que, cuando se consuma la operación, se deberá liquidar a la junta directiva y a los colaboradores que se mantengan bajo contrato, el Gobierno ha asegurado que no sería necesaria la liquidación del personal si el comprador decide mantener la planilla.

No obstante, el gerente general de la entidad criticó que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo "es totalmente omiso en las contingencias laborales" y "no dice qué va a pasar con los funcionarios", por lo que tampoco puede garantizarse que el comprador quiera volver a contratar a sus trabajadores.

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En ese sentido, el director jurídico del BCR, Manfred Sáenz, aseguró después de la audiencia ante los diputados que quien presente una oferta por la entidad "no va a mantener la totalidad de la planilla" porque los bancos comerciales "tienen modelos diferentes" y están orientados a generar dinero.

Consultado si para que los funcionarios pasen a la nueva empresa privada habría que liquidarlos y recontratarlos, Sáenz consideró que sí. "[La iniciativa] no dice si va una sustitución patronal, entonces lo que la lógica me dice a mí es que tengo que liquidar a esos trabajadores para volver a contratarlos, lo que es caro", dijo.