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Cinco casos sobre uniones de parejas gais están trabados en juzgados

​Casa Presidencial coordina con instituciones para determinar qué acciones hay que implementar a partir de opinión consultiva de la Corte IDH

Los casos de cinco parejas sexualmente diversas para reivindicar sus derechos patrimoniales se encuentran estancados en los juzgados. Todos ellos fueron presentados antes de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que avaló el matrimonio homosexual en el país.

Tras una consulta realizada por AmeliaRueda.com, el Poder Judicial informó que cuatro casos se encuentran trabados en el Juzgado de Familia de Heredia y uno en el del Segundo Circuito Judicial de San José.

Este último expediente se remonta al 2015. Sobre este pesa una acción de inconstitucionalidad que está sin resolver a la fecha.

"Se recuerda que este proceso no se da porque las partes sean personas del mismo sexo, sino porque el expediente no ha terminado de existir debido a la acción anteriormente citada", señaló el Poder Judicial.

El futuro de estos expedientes quedará supeditado a las acciones que adopten las diferentes instituciones con respecto a lo que establece la opinión consultiva.

La Cancillería comunicó la semana pasada a la Asamblea Legislativa, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que pueden iniciar el proceso para acatar lo que señala el órgano internacional en su respuesta.

Sala IV: clave

El abogado especialista en materia penal y constitucional, Yashin Castrillo, explicó que el futuro de esas uniones civiles dependerá de lo que resuelva la Sala Constitucional tras conocer la opinión consultiva de la Corte IDH.

En la actualidad hay dos acciones de inconstitucionalidad pendientes, las cuales se tramitan bajo los expedientes 15-013971-007-CO y N° 13-013032-0007-CO. Las mismas buscan eliminar el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia que establece que el matrimonio es entre parejas de diferente sexo; y contra el 242 de esa misma normativa que señala lo mismo pero en el caso de uniones de hecho.

Castrillo vaticinó que los magistrados acogerán de manera favorable lo estipulado por la opinión consultiva debido a que es de acatamiento obligatorio.

El abogado indicó que lo que decida la Sala Constitucional es clave debido a que sus decisiones no se cuestionan, por lo tanto el resto de instituciones no tendrán excusas para implementar las acciones a favor de la población LGBTI.

Castrillo presentó una acción en 2012 sobre el tema de uniones civiles entre parejas del mismo sexo, sin embargo, el Tribunal lo rechazó.

Coordinación

El director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, indicó que una vez notificadas las instituciones respectivas lo que sigue es coordinar las acciones que se deben desarrollar para hacer valer lo dispuesto por la Corte IDH.

Parte de lo que se debe hacer es determinar de qué manera se garantizarán los derechos derivados de la opinión consultiva, por ejemplo, con un reglamento; y cuál entidad será la responsable de cada una de las acciones (está pendiente el análisis sobre si debe ser el TSE o el Poder Ejecutivo).

Lo anterior tiene como finalidad evitar que por un tema de competencias se traigan abajo mediante una apelación alguna normativa.

Organizaciones LGBTI promueven una serie de acciones, como asistir a los juzgados para intentar inscribir matrimonios entre parejas del mismo sexo, con la finalidad de presionar la implementación de lo dictado por la Corte IDH.

Al respecto, Carvajal manifestó que entiende el entusiasmo que genera la respuesta del órgano internacional, sin embargo, añadió que lo más probable es que deban esperar un tiempo para obtener un resultado satisfactorio.

El funcionario puntualizó que la adopción de lo establecido por la Corte IDH puede tardar unas semanas, sin embargo, reiteró que el compromiso es trabajar con celeridad para que la normativa avance.