99 participantes de bloqueos afrontan procesos penales por 12 delitos distintos

Al menos 99 personas afrontan procesos penales por los disturbios ocurridos en los bloqueos convocados por el "Movimiento Rescate Nacional".

La cifra de manifestantes procesados se desprende de información suministrada el 16 de octubre por la oficina de prensa del Ministerio Público, ante la consulta de AmeliaRueda.com. Los datos además arrojan que la Fiscalía General y los despachos de otras 10 localidades investigan hasta 12 delitos diferentes en 39 expedientes.

Dentro de los ilícitos más recurrentes están el de resistencia -incluida la modalidad agravada- y el de obstrucción de vías públicas. No obstante, también hay causas por sedición (levantamiento contra la autoridad y el orden público), atentado, motín, agresión, amenazas y tenencia de material explosivo.

Un hombre de apellidos Montero Chacón, por ejemplo, tiene abierta una pesquisa por supuesta sedición y amenazas contra el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas. El sospechoso fue detenido el 15 de octubre en Pérez Zeledón por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tres hombres de apellidos Cortés Rodríguez, Chávez Reyes y Pérez Rosales, así como un menor de edad, figuran como imputados de un presunto atentado. Los cuatro sujetos fueron capturados el 14 de octubre, después de que atacaron con disparos a un grupo de oficiales de la Fuerza Pública que les pidieron levantar un tranque vial que sostenían en el cruce de Santa Lucía de Upala.

A los balazos, los policías respondieron de la misma manera, lo que provocó una herida en la axila derecha al primero de los encartados. Este fue trasladado a un centro médico del lugar, donde se le reportó estable, y después fue pasado al Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia.

Sobre los adultos recaen las medidas cautelares de impedimento de salida del país, prohibición para perturbar u obstaculizar la acción de la Fuerza Pública y para participar en nuevos bloqueos, así como firmar una vez al mes en sede judicial. Las disposiciones fueron dictadas por el Juzgado Penal de Upala, a solicitud de la Fiscalía de la localidad.

Otros 11 manifestantes enfrentan una causa por resistencia agravada, producto del choque que tuvieron con agentes antimotines en las afueras de la Casa Presidencial, el 12 de octubre anterior, cuando "Rescate Nacional" organizó una marcha desde el parque de La Merced hasta la sede del Gobierno de la República, en Zapote, San José.

En ese caso figura un hombre de apellidos Quirós Salas, a quien el ministro Soto Rojas acusó de tentativa de homicidio en la conferencia de prensa que ofreció para referirse sobre el altercado. El jerarca le achaca una agresión propinada con un palo al director de la Policía en Alajuela, Milton Alvarado Navarro.

Asimismo, por esos disturbios el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) denunció al exfutbolista Benjamín "Mincho" Mayorga Mora por agresiones contra sus oficiales, a raíz de videos e imágenes que trascendieron en redes sociales, en los que se observa al exjugador del Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano lanzando piedras a los funcionarios.

El departamento de comunicaciones de la cartera indicó que al 16 de octubre la queja aún permanecía bajo análisis, antes de ordenarse la apertura de una pesquisa contra Mayorga Mora.

La Unidad Especializada de la Fiscalía General, por su parte, tiene a su cargo una investigación contra los cabecillas del "Movimiento".

Esta se inició a raíz de cuatro denuncias presentadas contra los exdiputados y líderes del grupo: José Miguel Corrales Bolaños, Célimo Guido Cruz y Óscar Campos Chavarría. A los tres se les investiga por aparente obstrucción de vías, entorpecimiento de servicios públicos e instigación pública.

La dirigencia de "Rescate Nacional" fue citada el 14 de octubre -mientras se encontraba reunida en el auditorio de la Conferencia Episcopal (Cecor), en San José- para rendir declaración indagatoria. El primero en ser notificado fue Guido Cruz, quien se atribuyó la representación de la organización luego de que Corrales Bolaños se separara al reconocer públicamente que el crimen organizado se infiltró en las protestas. En contra del exlegislador, el órgano acusador indicó que solicitó medidas cautelares, pero al cierre de esta publicación no se tenía la decisión del Juzgado Penal de San José,