Costa Rica acude a Holanda para determinar si se filtraron datos de ticos en Uber

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) elevó el lunes 4 de diciembre la solicitud de información sobre la filtración masiva de Uber Technologies Inc. a su institución homóloga en Holanda, donde presuntamente ocurrió la vulneración.

En búsqueda de posibles afectaciones a usuarios de la plataforma en el territorio nacional, la entidad procedió a entablar comunicaciones con la Autoridad de Protección de Datos Personales (DPA, por sus siglas en inglés) de Holanda, donde se habría presentado la fuga de datos según un informe que Uber Costa Rica hizo llegar a la PRODHAB ante una solicitud que se remonta al 22 de noviembre anterior.

La información recopilada hasta el momento indica que la filtración mundial tiene como punto de origen Uber B.V, la sucursal del servicio de transporte privado en los Países Bajos. Así lo dio a conocer por escrito la directora nacional de Protección de Datos, Wendy Rivera, ante la consulta de AmeliaRueda.com.

Debido a una recomendación de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, la solicitud de la PRODHAB está dirigida al inspector senior de la DPA, Ot van Daalen, y no al presidente de esta, A. Wolfsen LL.M.

"Específicamente, la PRODHAB solicitó conocer si existen datos personales comprometidos de costarricenses, y si los hubiese, indicar el procedimiento que de acuerdo a su legislación resulta procedente, y de ser posible, comunicarnos la información referente a las personas cuyos datos fueron expuestos", señaló Rivera.

"Del mismo modo, la PRODHAB recalcó su disposición de coadyuvar en lo que sea requerido dentro del marco de sus competencias", agrega la respuesta.

El 21 de noviembre del 2017, el presidente de la compañía, Dara Khosrowshahi, confesó en una entrevista al sitio Bloomberg una filtración de 57 millones de datos de sus usuarios y conductores a nivel mundial, que se dio octubre del año pasado.

El robo de información incluye nombres, correos electrónicos y números de teléfono de 50 millones de clientes de aplicación y de 7 millones de choferes.

En el último grupo también se dio la extracción de 600 mil licencias de conducir estadounidenses.

Si la vulneración llega a afectar usuarios costarricenses, la Agencia, dependiendo de la gravedad de la filtración, puede aplicar sanciones con multas económicas que van desde 1 a 30 salarios base de un auxiliar judicial, lo cual implicaría entre los ¢466 mil y los ¢14 millones.

También puede obligar al cierre de la base de datos por seis meses y, en caso de delito, deberá remitir el caso al Ministerio Público. No obstante, la Directora reconoció que ese tipo de sanciones serían aplicables sólo en "faltas gravísimas".

El cierre de la base de datos conlleva repercusiones jurídicas en protección de los derechos de los habitantes.

Los usuarios de la plataforma que resulten afectados pueden completar el formulario de Procedimiento de Protección de Derechos y presentarlo ante la Agencia, acompañado de pruebas de como fueron violentados sus datos personales. Hasta ahora no se han presentado denuncias relacionadas.

AmeliaRueda.com consultó a Uber desde el 23 de noviembre anterior si existía información sobre vulneraciones a nivel nacional, pero respondieron que no se referirían hasta que culminara el proceso de notificación a las autoridades de cada país donde hubo afectación.

La filial de la empresa en el país asegura contar con unos 18 mil socios colaboradores y cerca de 673 mil clientes.