Producción, comercialización y consumo de cannabis medicinal recibe aval del Congreso

Dos años y medio después de rodar en la corriente legislativa, este martes los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.388 que da el aval para la producción, comercialización y uso de la cannabis medicinal en el país y crea además la industria de cáñamo.

El cáñamo es una planta que proviene de la planta del cannabis, como lo es también la planta de marihuana y donde cada una tiene características distintas.

Debido a que la planta del cáñamo tiene mínimas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC), que es el principal componente psicoactivo del cannabis, el proyecto deja a la libre su siembra.

Esto con el fin de crear una nueva industria, ya que a partir de esta planta se procesan alimentos, fibras, cuerdas, papel, ladrillos, aceite, plástico natural, biocombustibles, pinturas, entre otros productos.

De acuerdo con un estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), en 2020 la industria del cáñamo generó ventas por $5.700 millones en mercados como los Estados Unidos y China.

Licencias

En el caso del cannabis que será usada para los tratamientos medicinales, el proyecto aprobado establece que las empresas que deseen producir estos productos deberán contar con una licencia que otorgará el Ministerio de Salud.

Tras una moción presentada por la diputada independiente Paola Vega, el Plenario acordó pasar de un 30% al 40% el porcentaje de esas licencias que serán reservadas para asociaciones de pequeños productores, cooperativas y pequeños emprendimientos rurales.

La legisladora insistió que esto beneficiará a las provincias y zonas más alejadas del país que con este respaldo podrán tener más presencia de mercado.

La diputada socialcristiana María Inés Solís rechazó la moción alegando que esto dificultará aún más el tema de la trazabilidad que se pretende establecer en la ley y que estaría a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

La moción se acordó en una ajustada votación con 20 a favor y 19 en contra, donde el frenteamplista José María Villalta inclinó la balanza con su voto.

Impuesto y Zonas Francas

El proyecto aprobado establece un impuesto del 1% a las rentas obtenidas de las actividades y productos del cannabis medicinal.

Precisamente ese tributo que fue otra propuesta de la diputada Vega, busca financiar la fiscalización y control que deben hacer las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sobre estos productos.

La iniciativa da el aval para que las empresas que se dediquen a la industrialización de cannabis con fines medicinales y terapéuticos puedan instalarse en Zonas Francas.

Según los legisladores con esto buscan atraer inversión con este tema y bajo el régimen de beneficios que otorgan estas zonas industriales.

Cabe señalar que esas empresas disfrutarán todas las excepciones del régimen de Zonas Francas, pero sí deberán pagar el impuesto simbólico del 1%.

En el caso del autocultivo este será permitido siempre y cuando la persona demuestre que es para uso medicinal o terapéutico, y no para el consumo recreativo.

En contra

Los diputados que votaron en contra fueron los diputados de Restauración Nacional, el bloque independiente de Nueva República, Walter Muñoz del Partido Integración Nacional (PIN), Otto Roberto Vargas del Republicano Social Cristiano y la independiente Shirley Díaz.

El diputado Jonathan Prendas indicó en plenario que no hay seguridad para poder garantizar la trazabilidad y lo que se debe hacer para no crear un mercado paralelo.

El proyecto tuvo 33 votos a favor y 13 en contra.