Arranca juicio contra 7 exfuncionarios por autorizar operaciones a mina Crucitas

debate​Tribunal Penal de Hacienda recibirá 27 testigos

Con el exministro de Ambiente y Energía durante la administración Arias Sánchez (2006-2010), Roberto Dobles, como principal acusado, inició este lunes a las 8:00 a.m. el juicio para determinar si la autorización a la empresa canadiense Industrias Infinito para explotar minería en el proyecto Las Crucitas en la zona norte del país, fue otorgada a derecho o contrario a la ley.

El Tribunal Penal de Hacienda arrancó el proceso contra siete imputados, entre los que figuran la exjefa del Registro Nacional Minero Cinthya Cavallini Chinchilla, la exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Sonia Espinoza Valverde y cuatro exfuncionarios de esta dependencia: Eduardo Lezama Fernández, Carmen Cruz Ramírez, Jorge Boza Quesada y José Corrales Arias.

Durante las audiencias el Tribunal recibirá a 27 testigos para tomar sus declaraciones como prueba testimonial.

El Ministerio Público presentó el 8 de noviembre del 2012 la acusación formal contra los siete exfuncionarios por el delito de prevaricato, con el fin de que el Tribunal determine en el juicio si los funcionarios cometieron anomalías en la autorización otorgada a la empresa Industrias Infinito para que desarrollara el proyecto en Cutris de San Carlos.

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la SETENA, declararon de interés público y conveniencia nacional el proyecto en octubre del 2008 mediante el decreto ejecutivo número 34.801-Minaet.

El 24 de noviembre de 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo anuló el proyecto Crucitas y envió la resolución al Ministerio Público para que iniciara la investigación contra los siete funcionarios señalados.

Para el 30 de noviembre de 2012 los magistrados de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia ratificaron la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo. De forma paralela a esta resolución, la Fiscalía había presentado una acusación contra los siete funcionarios imputándolos por el delito de prevaricato.

El artículo 357 del Código Penal establece que el delito de prevaricato recae sobre todo funcionario que tome decisiones contrarias a la ley e impone una pena que va desde los dos y hasta los seis años de cárcel.

Para el abogado defensor del Exministro de Ambiente y Energía, Laureano Castro, existen todas las pruebas para comprobar la inocencia del exjerarca y para traerse abajo la acusación de la Fiscalía.


En una audiencia preliminar en noviembre del 2013 se elevó el caso a juicio, el proceso penal arrancó este lunes 27 de octubre y concluirá el próximo 12 de diciembre.

La empresa Industrias Infinito pretendía extraer 800 mil onzas de oro, lo que según ambientalistas opuestos al proyecto provocaría serios daños a la zona.