Asesor de datos de Alvarado señala al departamento legal como responsable de decreto

El asesor encargado de la unidad de datos del presidente Carlos Alvarado, Diego Fernández Montero, atribuye al departamento legal de Casa Presidencial el error en el decreto que establecía la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Fernández atendió este lunes a la prensa para hablar sobre su trabajo en dicha unidad y la polémica que ha girado en torno a dicho decreto, el cual, en su artículo 7, establecía que se le podrá facilitar a la UPAD “información de carácter confidencial con la que cuentan instituciones públicas”

-¿Por qué el decreto ordena brindar a la UPAD a “información de carácter confidencial con la que cuentan las instituciones públicas, cuando así se requiera?

“Justamente lo que se ha planteado es que ahí es donde está el error de redacción, no existe como tal información confidencial, existen distintos niveles de información de acceso público, de acceso restringido. Información de acceso restringido, que es total y absolutamente legal, que está en instituciones públicas y que se puede compartir para hacer un uso más eficiente de ella, lo que se buscaba era poder extender lo que era la protección de la confidencialidad en el uso de esa información. Era un balance entre un aprovechamiento real, para tomar decisiones, como un bien público superior y proteger la confidencialidad de esa información”.

-¿Quién incurrió en el error de redacción?

“Eso, la parte legal viene del departamento legal, la parte de la propuesta como tal, que era lo que se perseguía con al creación de la unidad, efectivamente esa propuesta y el espíritu que se buscaba eso yo lo he ido proponiendo. La parte técnica legal es del departamento legal. Ahora hay algo importante que decir: efectivamente el fin último de lo que se perseguía, el propósito está bien retratado en el decreto”.

Fernández, quien labora para Presidencia desde junio de 2018, indicó que él empezó a coordinar con el departamento legal desde “mediados del año anterior”.

“Cuando empezamos a darle forma a cómo se podía crear la unidad, yo no sabía si era por decreto o no. El departamento legal es quien ha determinado cuál es la forma correcta en que se puede crear una unidad para la Presidencia”, dijo.

El asesor de Alvarado agregó que a él no le compete decir si pone a disposición su puesto a raíz del escándalo que ha surgido y dijo que el presidente le comentó que se haya malinterpretado la creación de la unidad.

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“(El presidente) me dijo que cómo algo que le hace tan bien al país puede llevar a interpretarse como algo mal y que había que seguir trabajando por que este país pueda seguir tomando decisiones de política pública con base a datos, que el fin y el propósito no se puede perder y que hay que corregir lo que haya que corregir”, aseguró.

“Responsabilidad conjunta”

Un nombre del departamento legal surgió este lunes durante la conferencia de prensa que dio el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, quien aseveró que el funcionario Luis Salazar fue el estuvo con el tema del decreto en la parte jurídica.

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La coordinadora de asesores legales de Presidencia, Viviana Benavides, prefirió no responsabilizar directamente a Salazar, quien también se desempeña como comisionado para la población LGTBI.

-¿Él (Salazar) fue explícitamente el que cometió el error de poner la palabra "datos confidenciales" en el decreto?

“La responsabilidad es conjunta del equipo que construye y la revisión respectiva que se hizo, la imprecisión jurídica, más allá es un tema que se va a depurar más adelante, eventualmente con la valoración del decreto que se haga”, dijo la funcionaria.

Sobre la posibilidad de un nuevo decreto para crear la UPAD, Benavides dijo que eso es parte de la valoración de esta semana. “Se está a la espera del trabajo que haga la Defensoría, el que hagan ustedes los medios de comunicación y demás insumos, pero es un tema que se determinará conforme transcurra la semana y se verá qué es lo más oportuno para proceder”, comentó.