PAC trata de evitar cobro de CCSS por contratos que ocultaron relación laboral
Se trata de unos 490 acuerdos, la mayoría vinculados a la condena por estafa a dos miembros de la agrupación
18/10/17 | 09:52am
El Partido Acción Ciudadana (PAC) intenta demostrar este miércoles que no existió relación laboral en 490 contratos con colaboradores entre el 2006 y 2010 para la campaña electoral, para evitar un cobro millonario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por cuotas obrero patronales.
Representantes de la agrupación acuden desde las 8:30 a.m. a una audiencia en el Tribunal Laboral de San José donde se deberá esclarecer el hecho.
De acuerdo con el Departamento de Cobros de la CCSS, la deuda que asciende los ¢465 millones más mora corresponde a contratos profesionales hechos por la agrupación, que ocultaron relación laboral usando la figura de contratos especiales, y con ello esquivaron el pago de cuotas obrero patronales.
Estos 490 acuerdos están en su mayoría vinculados a los servicios especiales falsos que determinó el Tribunal Penal de San José en la sentencia por estafa en diciembre del 2016, donde se condenó al extesorero del PAC, Maynor Sterling, y al otrora encargado de Proveeduría de la agrupación, Antonio Bolaños, así como al mismo Acción Ciudadana como responsable solidario del delito.
El abogado de la asociación política, Ronny Guevara, explicó que en la audiencia se presentarán las pruebas necesarias para determinar si la relación de trabajo existió o no.
"El partido lo que pretende demostrar en esta instancia son las evidencias o las pruebas para que un juzgado determine si hubo relación laboral o no. Seremos respetuosos de esa decisión que se vaya a tomar ahí", declaró el asesor legal.
En la audiencia rendirá testimonio el extesorero del PAC, Anthony Cascante, quien se referirá a un acuerdo de pago al que llegaron con la CCSS. Se trató de una medida para poder acceder a la deuda política y no quedar sin financiamiento pues el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no gira los montos si existe morosidad con la Institución.
Guevara indicó que en primera instancia acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo aduciendo falta del debido proceso en el cobro, sin embargo, esta entidad se declaró incompetente en la materia y remitió el caso al juzgado laboral.
En la audiencia de este miércoles también acudirán representantes del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE para presentar los resultados de una investigación sobre los contratos.
El Tribunal Laboral de San José deberá analizar las evidencias que surjan y posteriormente dictará su sentencia sobre el caso.
El PAC fue sentenciado como responsable solidario del delito de estafa que se le achacó a Sterling y Bolaños, quienes además fueron sentenciados a seis y tres años de prisión, respectivamente.
La sanción económica incluye ¢350,7 millones por el daño patrimonial e intereses correspondientes al monto cobrado sin justificación al TSE por 179 contratos ficticios de servicios especiales en el año 2010; ¢40.430.000 costes personales y ¢600.000 del costo del proceso. El Tribunal Penal rechazó la pretensión de una indemnización por daño social de la Procuraduría General de la República.
El caso se remonta a las elecciones del 2010 cuando el fundador del PAC, Ottón Solís, aspiró por tercera y última vez a la Presidencia de la República. En esa oportunidad perdió frente a la candidata del Partido Liberación Nacional (PLN), Laura Chinchilla.