Audiencia de medidas cautelares por caso “Cochinilla” cumple una semana desde su inicio

La audiencia de medidas cautelares por el caso policialmente conocido como “Cochinilla”, cumplió este 22 de junio una semana de haber iniciado, con al menos dos exposiciones por realizarse antes de que entre a resolver el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en Goicoechea.

El arranque de la cita se dio poco antes de las 8:30 a.m., cuando la jueza Carolina Lizano Salazar informó a las partes la reanudación de la audiencia, a pesar del fallecimiento de uno de los abogados intervinientes, Víctor Herrera Flores. Esto luego de que se determinara que en el expediente 19-000025-1218-PE está apersonado un codefensor del gerente general de Constructora Herrera, William Herrera Chacón.

Un total de 28 personas sospechosas de participar en un escándalo de corrupción en contratos de obras viales permanecen detenidas desde el 14 de junio pasado, a la espera de que culmine la audiencia.

Esta arrancó la tarde del 15 de junio en medio de atrasos por la distribución de los privados de libertad en varias salas que se conectan por videoconferencia; medida empleada para cumplir con el distanciamiento social y las restricciones de aforo impuestas para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.

Desde entonces y hasta la noche del 17 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) explicó al órgano jurisdiccional el caso y luego dio a conocer las medidas que pide se ordene para los aprehendidos.

Para 13 personas, se pidió un año de prisión preventiva:

• Carlos Cerdas Araya, presidente de Meco.
• Mélida Solís Vargas, propietaria de H. Solís.
• Abel González Carballo, gerente general de Meco.
• Alejandro Bolaños Salazar, representante legal de Meco.
• Tobías Arce Alpízar, empleado de Meco.
• Oscar Martínez Martínez, presidente de ITP S.A.
• William Herrera Chacón, gerente general de Constructora Herrera.
• Alister Cervantes Morales, gerente de la empresa Diccoc.
• Carmen Madrigal Rímola, directora de Proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad.
• Hugo Fallas Zúñiga, funcionario de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad.
• Elsie Carmona Rivas, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad.
• Harold Mora Obando, funcionario del Consejo Nacional de Vialidad.
• Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad.

Asimismo, se pidieron disposiciones alternativas para otras 15:

• Alejandra Bonilla Guillén, empleada de Meco.
• Laura Chaves Mora, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad.
• José Manuel Rojas Monge, director financiero del Consejo Nacional de Vialidad.
• Edgar May Cantillano, ingeniero de proyectos del Consejo Nacional de Vialidad.
• Marlon Zamora Zamora.
• Edwin Castro Rodríguez, presidente de Constructora Montedes.
• Érick Rodríguez Araya.
• Abraham Sánchez Castro, ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad.
• Eliécer Rivera Campo, funcionario de Ejecución Presupuestaria del Consejo Nacional de Vialidad.
• Luis Quesada Pérez.
• Mauricio Ortiz Vega, funcionario del Consejo Nacional de Vialidad.
• Sergio Lobo Bejarano, jefe de Tesorería del Consejo Nacional de Vialidad.
• Marcela Monge Aguirre, gerente de Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad.
• Mario Quesada Aguirre, vicepresidente de Tribunal Administrativo de Transporte.
• Sonia Solís Vargas, dueña de Also Frutales.

Desde el 18 de junio y hasta la fecha, los defensores de estos encartados expusieron sus argumentos contra las medidas que solicitó el Ministerio Público y aportaron pruebas en favor de sus clientes. Sin embargo, aún restan por realizarse las exposiciones de los representantes de dos de los indilgados, según confirmaron a AmeliaRueda.com dos de los juristas intervinientes.

Una vez concluidas esas exposiciones, la jueza dará un espacio a la Fiscalía para conocer y pronunciarse sobre la evidencia aportada por las defensas y luego entrará a sopesar y resolver sobre las peticiones.

Caso "Cochinilla"

La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.