Aumento de grupos mareros en el país preocupa a director del OIJ

La detección de grupos mareros en Costa Rica es uno de los cuatro hechos que más preocupa al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, al término de este 2017, afirmó este miércoles en el programa Nuestra Voz.

Costa Rica, según datos del Ministerio de Seguridad Pública, desde el 2014 a octubre de este año ha deportado 51 personas vinculadas a maras y pandillas de la región centroamericana.

Por esta razón Espinoza pide reforzar las medidas para el control de ingreso de personas al país.

"Costa Rica tiene que entender que está en un lugar violento [Centroamérica], en una zona difícil y que tiene que tomar medidas que precisamente no son agradables para terceros. Me refiero con esto a asuntos migratorios, deberíamos ser más exigentes con las personas que vienen desde afuera", explicó el director del Organismo.

El tema de los asaltantes mexicanos a una joyería de Multiplaza, Escazú, es el mejor ejemplo de que Costa Rica debe ser más estricto en sus fronteras, según Espinoza.

"28 sujetos que vivieron al país solo a cometer delitos", mencionó. "Nosotros los detectamos cuando cometen el delito, antes de eso no. Pero es una situación complicada para el país, si esto continua sucediendo puede provocar efectos colaterales que nosotros no podríamos ni prever".

A semanas de acabar el año, OIJ acumula ya 584 casos de homicidios violentos, superando la cifra reportada hace un año y también la de 2015, cuando se dieron 558.

Inquietud

A Espinoza también le preocupa lo rápido que llegan a salir de la cárcel algunos detenidos, luego de las investigaciones que realizan. Es más, pide mirar hacia el sistema penitenciario y analizar si se está actuando de buena manera.

"El Estado costarricense invierte mucho en seguridad, me refiero a la parte preventiva y de investigación, y el cometido último de esta seguridad es que la ley se aplique. Al aplicar la ley hay veces se deben enviar personas a la cárcel, que no es el mejor destino, pero así está la ley. Si nosotros los mandamos a la cárcel en cumplimiento de la ley y con presupuesto del Estado, lo lógico y razonable es que el Estado tenga una posición idéntica y semejante a la policía, pero no puede ser que el mismo Estado con recursos públicos una vez que nosotros los aprendemos los dejen en libertad", criticó el director del OIJ.